"Hemos solicitado por escrito al Gobierno de España que aplique los preceptos constitucionales que correspondan para hacer cumplir a la Junta con sus obligaciones y, si no lo hace, que sea el Gobierno de España el que asuma, aplicando el artículo 155 de la Constitución Española, las competencias en materia de mediación para garantizar la igualdad de condiciones de los trabajadores", ha avanzado el secretario de Acción Sindical CCOO, Fernando Fraile que ha comparecido ante los medios junto al adjunto en la Secretaría, Cándido Alonso.
Fraile ha advertido que, desde el pasado 22 de enero, el Serla solo emite "certificados" para que los trabajadores puedan acudir a la vía judicial, algo que ya ha afectado a unas 600 personas. "No hay dinero, ya no se puede citar", ha incidido el dirigente sindical que recuerda que los trabajadores del servicio no han cobrado la nómina de enero y que tanto la arrendataria del local, como la empresa de limpieza y diferentes proveedores están iniciando requerimientos judiciales por falta de pago.
Fraile ha recordado que el servicio de mediación en Castilla y León "solo lo puede llevar a cabo el Serla", que es quien tiene la "exclusiva" porque así lo "quiso" la Junta y no los Servicios de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Junta.
"El servicio jurídico de la Consejería de Empleo, cuando el señor Carriedo era titular de ella, quiso participar para que no hubiera ninguna duda en que fuera el Serla el que conociera en exclusividad los conflictos laborales en nuestra comunidad", algo que lo hicieron en un recurso de casación al Supremo, junto con sindicatos y patronal.
El dirigente de CCOO ha recordado, que pese a todos estos problemas, el Serla ha tramitado "el mayor número de conflictos laborales de sus 25 años de historia", más de 5.200 individuales y 394 colectivos que afectaban a unos "150.000 trabajadores" con un 70 por ciento de éxito.
"Ahora todo eso tendrá que ir a la vía judicial, con todo lo que supone", ha subrayado Fraile que explica que el plazo medio para celebrar un juico de estas características es de seis meses, que se puede elevar a los "18" si llega al Tribunal Superior de Justicia.
Fraile considera que falta "voluntad política" y añade que, aunque se apruebe en el próximo Consejo de Gobierno, "según dicen", la partida de 400.000 euros, será "insuficiente". "El año pasado se destinó al servicio 848.000 euros, así que esa cantidad que se va a aprobar, ya está gastada", ha matizado para compartir con la Junta la necesidad de un "cambio de sede" a un local "gratuito" pero que cumpla con las condiciones exigibles, algo que no hace, en sus palabras, el ofrecido por el Ejecutivo autonómico.
Por último, ha recordado que llevan tiempo pidiendo la intervención del Gobierno, al tiempo que ha agradecido la sintonía con la ministra Yolanda Díaz, que, a través de sus requerimientos, permitieron que el Serla "no se liquidase", lo que obligó a la Consejería de Empleo de Mariano Veganzones "a dar marcha atrás cuando querían extinguir" el organismo.
