RML
El documento, elaborado con la participación de federaciones españolas de deportes de combate y la comisión competente de la FEMP, propone a las entidades locales una pauta común antes de autorizar una actividad o facilitar instalaciones municipales para disciplinas como boxeo, esgrima, kárate, kickboxing y muaythai, lucha, judo o taekwondo. El objetivo es minimizar riesgos para participantes y público y evitar prácticas sin garantías, especialmente cuando hay menores implicados.
Entre las medidas planteadas figura la verificación previa con la federación correspondiente de que la actividad está respaldada por una federación oficial y de que quienes imparten clases o dirigen entrenamientos cumplen los requisitos legales exigidos, incluida la titulación específica y la cobertura de un seguro deportivo adecuado. El texto insiste en que los municipios deben velar por la legalidad de lo que ocurre en sus espacios, y recuerda la responsabilidad “in vigilando” e “in eligendo” asociada a la autorización de actividades deportivas.
La guía también pone el foco en la confusión que pueden generar determinadas denominaciones o entidades privadas. Recomienda comprobar que no se utilicen nombres que induzcan a error sobre la naturaleza oficial de la organización y subraya que, en el caso de competiciones, expresiones como “Campeonato de España”, “Liga Nacional” o “Copa de España” solo pueden emplearlas las federaciones deportivas españolas en el marco previsto.
En materia de salud, el decálogo sitúa como elementos centrales la prevención, los reglamentos de protección y el papel del seguro obligatorio deportivo, con una mención específica a la sensibilidad de los deportes de contacto. Para actividades dirigidas a menores, la recomendación es reforzar el control del cumplimiento de las medidas de protección recogidas en la legislación vigente.
Por último, el documento incorpora referencias a principios que deben guiar la práctica deportiva, como la igualdad y la lucha contra el racismo, la violencia y la xenofobia, y plantea que estos criterios formen parte de la evaluación municipal al conceder subvenciones, ayudas o autorizaciones de uso de instalaciones.
