Ecologistas en Acción se opone a la planta embotelladora de agua de Quintana y Congosto

En plena crisis de sobreexplotación del agua, con varias comunidades autónomas en alerta por la sequía, la Junta de Castilla y León  saca a información pública la aceptación de solicitud de aprovechamiento de 1.000.000 m3 / año de agua procedente del acuífero “La Maragatería” para una planta embotelladora que promueve el grupo empresarial Pascual (Bezoya). El proyecto, de enormes dimensiones, contempla la construcción de una nave de 50.000 m2, con 35 muelles de carga y una capacidad de embotellado de 162.000 litros/hora.

El informe aportado por Confederación Hidrográfica del Duero considera que la primera fase, de 500.000m3/año, es compatible con el Plan Hidrológico, pero condicionada a controles trimestrales, desde el inicio y durante todo el periodo de la concesión, de los caudales surgentes y de presión de los pozos artesianos que dan suministro de agua a la población. La pérdida de calidad en los suministros impediría la aprobación de las siguientes fases.

No parece de rigor informar favorablemente al proyecto cuando la propia entidad encargada de velar por del buen uso del agua manifiesta serias dudas sobre la afección a los prioritarios abastecimientos urbanos. Un elemental principio de precaución debería llevar a realizar las comprobaciones necesarias para que se garanticen los suministros previsiblemente afectados antes de otorgar el aprovechamiento, porque la duda que surge es clara, una vez el proyecto en marcha ¿Quién va a paralizar al Promotor esta millonaria inversión por la falta de presión y/o caudal en el suministro a las poblaciones?

Además, la obsoleta y prodemocrática ley de Minas en vigor, otorga al promotor unos derechos exclusivos, más bien privilegios, no solo sobre el agua concedida sino también sobre los terrenos afectados por la explotación.

La autorización del aprovechamiento de agua mineral conlleva el establecimiento de un perímetro de protección de los terrenos, públicos y privados, sobre los que el promotor tiene un derecho exclusivo para impedir las actividades que puedan perjudicar el normal aprovechamiento de las aguas, lo que supone que en las parcelas contenidas dentro de este perímetro no se podrán realizarlas actividades agropecuarias propias de estos terrenos rústicos, movimientos de tierras, excavaciones, apertura de nuevos sondeos, etc., resultando, de facto, una hipoteca real sobre estas propiedades durante todo el periodo de explotación, con una importante depreciación de su valor sin contraprestación alguna para los propietarios.

En este caso la superficie aprobada es de más de 2.000 hectáreas, afectando a los terrenos del pueblo de Quintanilla de Flórez y poblaciones colindantes.

Cabe recordar que la industria del agua embotellada se encuadra en un modelo extractivista y especulativo que basa su rentabilidad en la explotación de un bien público, un derecho humano esencial para la vida como es el agua. Un recurso cada vez más escaso debido al cambio climático que, de manera irresponsable, las administraciones públicas siguen poniendo al servicio de lucrativos negocios privados.

En este sentido el estudio de viabilidad del proyecto es esclarecedor, asegura que se obtendrán unos beneficios de entre 5 y 10 millones de euros/año a partir del 2º año de funcionamiento y que la inversión se amortizará en tan solo 9 años. Un negocio rentable como pocos, en el que el envase tiene un coste de producción muy superior al de la materia prima.

Ecologistas en Acción de León manifiesta su total rechazo a un proyecto que no aportaría ningún valor añadido, no fijaría población debido a la alta automatización de esta industria y que solo produciría una merma de los recursos hídricos de la zona y de los derechos legítimos al uso y disfrute de los terrenos, públicos y privados, que se verán afectados.