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A partir de ahora, cualquier llamada de carácter promocional deberá realizarse desde líneas identificables, como numeraciones geográficas, números gratuitos que comiencen por 800 o 900, o numeraciones cortas oficialmente asignadas, como el conocido 1004. Además, se refuerzan los controles sobre llamadas y mensajes que, pese a tener origen en el extranjero, simulan proceder de teléfonos españoles para ganar la confianza del receptor.
La nueva regulación también exige a los operadores bloquear diariamente todas aquellas llamadas o mensajes que utilicen numeraciones falsificadas o no autorizadas. Según datos oficiales, desde el mes de marzo ya se estaban bloqueando más de 235.000 llamadas y 10.000 SMS al día, con un total acumulado que supera los 14 millones de intentos de fraude telefónico frustrados.
Como medida complementaria, se prevé la creación de una base de datos pública con los códigos identificativos que utilizan empresas y administraciones en sus mensajes de texto. Esta base estará operativa a lo largo de junio de 2026 y será gestionada por la CNMC. Su objetivo será permitir a los ciudadanos comprobar con facilidad si un mensaje recibido proviene realmente de la entidad que dice enviarlo.
Con sanciones que pueden alcanzar los dos millones de euros para quienes incumplan estas nuevas normas, el país da un paso decisivo para reforzar la confianza en las comunicaciones electrónicas. Aún así, expertos advierten que será necesario mantener una vigilancia activa y fomentar la colaboración entre operadores, empresas y organismos públicos para cerrar la puerta a nuevas formas de engaño.
