El Grupo Municipal del Partido Popular ha reclamado al equipo de gobierno que retome los proyectos sociales que sufrieron un "grave parón" desde la toma de posesión de José Antonio Diez como alcalde en julio del 2019, ya que se trata de un "área clave para atender a la ciudadanía, a la vez que ha propuesto un protocolo para actuar con personas sin hogar con enfermedades mentales, "un colectivo cada vez más numeroso".
Provincia09 de enero de 2024 RML
La concejala popular Cecilia Rodríguez ha denunciado en un comunicado la "poca implicación" del equipo de gobierno con los colectivos más desfavorecidos, como es el caso de las personas sin hogar, a la vez que ha recordado que el PP, en octubre de 2019, propuso a los grupos la elaboración de un protocolo de actuación para atender a las personas sin hogar que sufren algún tipo de enfermedad mental, tras reunirse varias veces con entidades sociales.
Según la edil, del más de un millar de personas que se encuentran sin hogar en la ciudad, el 70 por ciento sufre problemas mentales, por lo que es "necesaria la intervención urgente porque este colectivo no encuentra una respuesta integral, ya que carece de redes personales y familiares, y no puede conservar y/o acceder a un alojamiento adecuado adaptado a su situación personal".
La concejala ha asegurado que esta situación "genera problemas como distorsión en la relación con los otros, repercusiones negativas también en todos los aspectos de la vida (educación, empleo, relaciones sociales, vida cotidiana), problemas para la intervención por el difícil seguimiento terapéutico, etc.".
Por eso, ha propuesto un protocolo de actuación, con participación de entidades sociales y las administraciones públicas, para abordar la intervención con pacientes con enfermedad mental con riesgo de lesionarse a sí mismo o a los demás, evitar situaciones lesivas para ellos y para su entorno (terceras personas o bienes), realización de una intervención más ágil y eficaz y potenciar la coordinación entre entidades e instituciones.
Ese protocolo contempla también unificar criterios de actuación y detallar el procedimiento a seguir, poner en marcha medidas preventivas, la protección jurídica de las personas que trabajan con este colectivo, facilitar el acercamiento al Servicio de Psiquiatría, agilizar el acceso a una segunda intervención, crear un modelo para las personas que rechazan la asistencia, agilizar la intervención de las fuerzas del orden y proporcionar una atención inmediata, flexible y coordinada.
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