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La Secretaría de Educación de UPL, encabezada por Sheila Fernández, anunció su apoyo a la reivindicación y el compromiso de trasladarla a las instituciones para que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León autorice que primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria se impartan en los propios colegios de Primaria.
La formación defendió que la medida no se limita a una reorganización de etapas, sino que responde a una necesidad vinculada a la realidad de las familias del ámbito rural. UPL subrayó que el paso al instituto a los once o doce años puede suponer una transición brusca en un momento de especial vulnerabilidad y planteó que mantener al alumnado en su centro habitual hasta los 14 años favorecería una maduración más gradual. En ese marco, situó como uno de los argumentos la convivencia temprana con estudiantes de cursos superiores y con alumnado adulto de Formación Profesional en los institutos.
Entre los efectos que atribuye a la propuesta, UPL destacó la posibilidad de reducir el fracaso escolar mediante ratios más bajas y una atención más personalizada en los colegios, además del papel del maestro como referencia estable en estas edades. También vinculó el modelo con la inclusión educativa, al considerar que el alumnado con necesidades especiales se beneficia de rutinas y estructuras más cercanas y constantes en el entorno de Primaria.
Sheila Fernández enmarcó la petición como una herramienta frente a la despoblación. En su argumentación, señaló que los desplazamientos de menores por carreteras de montaña, con trayectos largos, afectan al descanso y al rendimiento, y pueden influir en la decisión de las familias de abandonar los pueblos. En ese sentido, defendió la continuidad de los colegios rurales como elemento para fijar población.
UPL sostuvo, además, que la implantación es viable desde el punto de vista técnico y legal. Recordó que en la provincia existen centros que ya escolarizan alumnado de primero y segundo de la ESO, como Toral de los Vados, Riaño y Vega de Espinareda, y defendió que la Lomloe no impide este modelo.
La formación instó a la Consejería a realizar un estudio para identificar en qué centros podría aplicarse, incorporando la participación de familias y claustros. UPL enmarcó la reivindicación como una demanda de "sentido común" y de adecuación del sistema educativo a los tiempos de desarrollo del alumnado.
