La investigación de la denominada operación 'Leocat' se inició el pasado mes de marzo con la inspección en un centro autorizado de tratamiento (CAT) autorizados de vehículos de la provincia de León, en la que se detectaron irregularidades, tanto en la gestión física como documental, de los gases fluorados contenidos en los sistemas de aire acondicionado de los vehículos fuera de uso.

Ante estas deficiencias, la Guardia Civil inició una investigación más exhaustiva, con la inspección de todos los CAT de la provincia, lo que permitió detectar irregularidades en un total de 13 empresas, por lo que se está investigando a los responsables de las mismas.

De las gestiones realizadas por el Seprona en los CAT se ha descubierto que no estaban gestionando correctamente los gases de los circuitos de aire acondicionado de los vehículos destinados a desguace.

Así, al final de la vida útil de un vehículo, estos deben ser recuperados y acumulados en unas bombonas específicas para su almacenaje, y comunicar estos datos a través de una memoria ambiental a la Autoridad competente en materia de residuos de la Comunidad Autónoma, tanto la cantidad recuperada como el destino y gestión que se le dan a dichos residuos.

Las investigaciones llevadas a cabo han permitido determinar que existía un desfase entre la cantidad declarada y la que debería de haberlo sido recuperada.

Estos tipos de gases, CFCs, HCFCs, HFC (R134a- tetrafluoroetano), PFC y el SF6; por su tipología y composición pueden afectar gravemente a la capa de Ozono o aumentar la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera, lo que favorece el calentamiento global.

Después de siete meses de investigación se ha detectado que 13 centros de tratamiento de vehículos no cumplían con las normas establecidas, lo que ha dado lugar a que se tome declaración en calidad de investigados a 20 personas como presuntas autoras de un delito contra el medio ambiente.

Asimismo, se han descubierto irregularidades de ámbito administrativo por diferentes conceptos, las cuales serán denunciadas ante la autoridad competente y las personas investigadas y las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Guardia del partido judicial correspondiente.

Para el desarrollo de la investigación, se ha contado con información de la Jefatura Provincial de Tráfico de León y del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con las que se han elaborado los correspondientes informes periciales por la Unidad Técnica de la Unidad.