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El Partido Popular ha presentado una petición formal en la Audiencia Nacional para que se impute al Partido Socialista Obrero Español como persona jurídica. La solicitud se enmarca en la causa judicial relativa a las denominadas cloacas de Ferraz e incluye acusaciones por los presuntos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.
El movimiento judicial coincide con el escenario previo a las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre. La representación procesal del Partido Popular atribuye a la dirección socialista la puesta en marcha de una serie de actuaciones dirigidas a proteger los intereses de la formación frente a las pesquisas judiciales en curso.
La acusación popular sostiene que las operaciones financieras y logísticas habrían sido estructuradas desde la sede central del partido. El escrito señala como principal responsable de la trama al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, apoyado por la actual gerente del partido, Ana María Fuentes Pacheco. En la argumentación presentada ante el magistrado Santiago Pedraz se afirma que la formación puso recursos propios y fondos de campaña a disposición de la red, costeando gastos operativos de personas vinculadas como Leire Díez, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, además de canalizar fondos públicos hacia publicaciones y consultoras privadas.
De forma paralela a estas actuaciones, los tribunales mantienen abiertos otros frentes sobre la gestión económica del partido. La Audiencia Nacional ha requerido los registros de las donaciones privadas percibidas por la organización socialista entre los ejercicios 2017 y 2024. Por su parte, el magistrado Ismael Moreno ha solicitado al Tribunal de Cuentas la remisión de la documentación fiscalizada correspondiente a los ingresos y donaciones recibidas por la formación política en ese mismo periodo.
