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El origen de la situación radica en la parálisis administrativa y las demoras en las autorizaciones para la incorporación de trabajadores en categorías esenciales. La problemática afecta de forma directa a perfiles como los Ayudantes Técnicos Educativos, el personal de Enfermería y los profesionales de Fisioterapia. La falta de cobertura en estos puestos deja a varios centros públicos sin el personal asistencial requerido en el inicio de las clases.
La gestión del personal laboral arrastra una utilización continuada de la figura contractual por necesidades del servicio. La normativa fija un tope máximo de 18 meses de duración para esta modalidad en un periodo de 24 meses, un límite que se supera en el ámbito educativo autonómico. Esta dinámica se mantiene ante el retraso acumulado en la publicación y actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el instrumento formal que debe ordenar las plantillas fijas de la administración.
A la caducidad de los plazos temporales se suman los desajustes de gestión entre los estamentos de la administración autonómica. La tramitación de los expedientes depende del flujo administrativo entre la Consejería de Educación y la Delegación Territorial en León, donde la emisión tardía de las validaciones ha provocado la paralización de contratos en vísperas del comienzo del calendario lectivo.
Como consecuencia de este desfase tramitador, numerosos profesionales desconocen la adjudicación formal de sus plazas o la fecha exacta de incorporación a los puestos asignados. La falta de resolución en las autorizaciones mantiene vacantes sin cubrir en las aulas y afecta al funcionamiento ordinario de los colegios e institutos leoneses al comenzar la actividad escolar.
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