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La movilización civil comenzó en los respectivos barrios de la periferia y concluyó con una concentración en la plaza de San Marcelo. Los residentes protestan por los efectos ambientales de la infraestructura, promovida de forma conjunta por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento. Los colectivos vecinales argumentan que la instalación proyectada genera emisiones contaminantes que afectarán a la calidad del aire y del agua de la zona periférica, además de comprometer el entorno natural de los ríos cercanos y el patrimonio arqueológico local, concretamente el yacimiento romano Ad Legionem.
El conflicto se encuentra actualmente en sede judicial, a la espera de una resolución por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Las agrupaciones de vecinos, en colaboración con la organización Ecologistas en Acción, presentaron un recurso formal contra las licencias municipales concedidas para la ampliación de la red de canalizaciones de distribución térmica. La vía judicial sigue su curso tras ser admitida a trámite, con el objetivo de paralizar los trabajos de edificación antes de que concluya la obra civil.
El inicio de las actuaciones en los terrenos designados ha suscitado críticas respecto a la tramitación de los permisos. Los representantes de las asociaciones denuncian que los movimientos de tierras comenzaron antes de contar con la documentación definitiva obligatoria, una situación que fue subsanada con posterioridad por las autoridades de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Asimismo, los afectados denuncian la falta de diálogo directo por parte del alcalde de León, José Antonio Diez, a quien recriminan un cambio de postura respecto a proyectos similares planteados en la ciudad durante mandatos anteriores.
La parcela destinada a albergar la planta central fue cedida formalmente a la empresa pública Sociedad de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl). El desarrollo del proyecto cuenta con financiación procedente de subvenciones de fondos de la Unión Europea. La representación vecinal sostiene que el proceso administrativo ha carecido de la transparencia necesaria ante las sucesivas solicitudes de acceso a la documentación oficial, y mantiene el rechazo frontal a la instalación por considerar que prioriza intereses ajenos al beneficio de los residentes de las zonas afectadas.
