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Los datos muestran una diferencia difícil de justificar. En el Régimen General, la duración media de las bajas en Castilla y León alcanza los 53,1 días, frente a los 27,2 de Cataluña. Es prácticamente el doble. En el caso de los autónomos, la situación es todavía más llamativa: Castilla y León supera los cien días de media, con 115,8 días, mientras Cataluña se sitúa en 87,1.
Por tanto, el debate no puede reducirse a una acusación genérica contra los trabajadores ni a una discusión simplista sobre el absentismo. El foco debe colocarse donde corresponde: en la capacidad de gestión del sistema, en la agilidad de los controles, en los tiempos de respuesta sanitaria y en el aprovechamiento real de los recursos disponibles.
Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social no tienen competencias distintas por el mero hecho de actuar en una comunidad u otra. Su marco básico es estatal. Pueden hacer seguimiento de los procesos, citar a reconocimiento médico y formular propuestas motivadas de alta en los casos en que consideren que ya no existe impedimento para trabajar. Pero la decisión última, en las bajas por contingencia común, sigue estando en manos del servicio público de salud, de la inspección médica o del INSS, según el momento del proceso.
La diferencia está en cómo se organiza cada territorio. Algunas comunidades han avanzado hacia modelos más ágiles de colaboración con las mutuas, especialmente en procesos traumatológicos, donde muchas bajas se prolongan por demoras en pruebas diagnósticas, rehabilitación, tratamientos o intervenciones. Cataluña, por ejemplo, cuenta con un convenio específico que permite una cooperación más intensa entre el sistema público, el INSS, las mutuas y AMAT para acelerar la atención en determinados procesos de incapacidad temporal.
Castilla y León también dispone de un convenio con el INSS para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2025-2028. Sobre el papel, el objetivo es mejorar la gestión, modernizar medios, reforzar el control y racionalizar el gasto. También se prevé la participación de las mutuas en las estructuras de seguimiento. Sin embargo, la pregunta incómoda sigue abierta: si el marco existe, ¿por qué las bajas duran mucho más que en otras comunidades?
La respuesta no puede despacharse con una sola causa. Castilla y León tiene una población laboral más envejecida, una dispersión territorial evidente, problemas de cobertura sanitaria en determinadas zonas, presión sobre la Atención Primaria y listas de espera que pueden cronificar procesos que, con una respuesta más rápida, quizá tendrían una duración menor. Pero precisamente por eso la gestión debería ser más eficaz, no más lenta.
Una baja laboral no se alarga solo porque una persona esté enferma. También se alarga cuando una resonancia tarda, cuando una rehabilitación llega tarde, cuando una revisión se demora, cuando la inspección no actúa con rapidez o cuando el sistema no tiene circuitos ágiles para distinguir entre procesos leves, procesos complejos y procesos que necesitan intervención inmediata.
Ahí está el verdadero problema. Castilla y León no puede limitarse a firmar convenios y seguir arrojando duraciones medias muy superiores a las de otros territorios. Necesita evaluar qué ocurre en cada fase del proceso: desde la emisión de la baja hasta el diagnóstico, desde la propuesta de tratamiento hasta la revisión médica, desde la intervención de la mutua hasta la decisión administrativa.
El objetivo no debe ser presionar al trabajador enfermo ni convertir la incapacidad temporal en una sospecha permanente. Ese enfoque sería injusto y peligroso. El objetivo debe ser evitar que el sistema condene a trabajadores y empresas a procesos innecesariamente largos por falta de coordinación, medios o control efectivo.
Porque una baja laboral larga no solo afecta a la empresa. También afecta al trabajador, que permanece más tiempo fuera de su entorno laboral; a los autónomos, que muchas veces no tienen sustitución posible; a los servicios públicos, que soportan más gasto; y al conjunto de la economía, que pierde productividad y capacidad de respuesta.
Castilla y León necesita una política clara sobre incapacidad temporal. No una suma de declaraciones. No un convenio que se queda en el papel. Una política real, medible y transparente.
Esa política debería incluir circuitos rápidos para bajas traumatológicas, mayor coordinación con mutuas, acceso ágil a pruebas diagnósticas, refuerzo de inspección médica, seguimiento diferenciado de procesos de larga duración y publicación periódica de indicadores por provincias, sectores y patologías. Sin datos claros, no hay control. Sin control, no hay gestión. Y sin gestión, las bajas se alargan.
El debate de fondo no es si las mutuas deben sustituir al sistema público. No deben hacerlo. El debate es si Castilla y León está aprovechando todos los mecanismos legales y sanitarios disponibles para evitar que una baja razonable se convierta en una baja interminable.
Los datos apuntan a que no.
Castilla y León no lidera necesariamente el número de bajas, pero sí muestra una duración media que exige explicaciones. Y cuando una comunidad duplica prácticamente a otra en la duración de los procesos del Régimen General, el problema ya no puede esconderse detrás de la estadística general del absentismo.
Aquí no falta solo control. Falta gestión.
