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Polémica por la convocatoria de profesores voluntarios para el cuidado de alumnos en la escuela rural leonesa

La Dirección General de Centros e Infraestructuras de la Junta ha solicitado formalmente a los docentes de los Centros Rurales Agrupados que asuman de manera voluntaria el servicio de atención del alumnado durante el próximo mes de junio. 
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AULA DE INSTITUTO
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La medida de la Consejería de Educación busca cubrir la extensión de una hora posterior al horario lectivo en los meses de junio y septiembre. Esta ampliación del tiempo de permanencia está regulada por la Orden EDU/396/2026, diseñada originalmente para mitigar el impacto de la reducción de la jornada lectiva en los municipios rurales y facilitar la conciliación de las familias. Sin embargo, la aplicación de la normativa ha generado malestar en las comunidades educativas locales al excluir de las prestaciones a los pueblos pequeños que no ostentan la condición de cabecera de comarca dentro de sus respectivos colectivos escolares.

La petición de voluntariedad dirigida a los maestros en activo responde a las dificultades para contratar personal externo cualificado en estas zonas geográficas. Las bajas remuneraciones fijadas para estos contratos específicos, unidas a la obligatoriedad de desplazarse al medio rural para cumplir apenas una hora de jornada laboral diaria, han provocado que las plazas ofertadas queden sistemáticamente vacantes. Como consecuencia, la administración autonómica ha optado por recurrir a los equipos docentes que ya operan en el interior de los centros rurales agrupados.

Desde el sector educativo y los colectivos de familias afectadas se critica que la viabilidad de un servicio público indispensable quede condicionada a la disposición altruista del profesorado y a la existencia de un cupo mínimo de cuatro alumnos por aula. Se argumenta que la propuesta no tiene en cuenta la carga laboral real de los maestros durante los periodos de fin de curso, semanas en las que deben realizar labores burocráticas obligatorias como la redacción de informes pedagógicos, evaluaciones finales y memorias del año escolar una vez concluidas las clases presenciales.

La situación actual genera diferencias en el acceso a los recursos de conciliación en función del código postal de residencia de los menores. Mientras que los colegios de educación infantil y primaria de entornos urbanos tienen garantizada la dotación de este servicio con personal específico, los alumnos de las localidades rurales más pequeñas quedan expuestos a la supresión de la hora adicional de cuidado si el profesorado de su centro decide no sumarse a la convocatoria de voluntariado de la Junta.

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