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La aplicación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia ha generado disfunciones en el funcionamiento diario del Palacio de Justicia de Ponferrada. Los profesionales del sector constatan una paralización administrativa motivada de forma directa por caídas recurrentes en las plataformas tecnológicas y de soporte digital. Estas incidencias informáticas bloquean el avance de los expedientes judiciales y provocan demoras acumuladas tanto en la tramitación de los documentos como en las fechas fijadas para los señalamientos de las vistas, afectando al servicio ciudadano.
Las dificultades operativas se producen a pesar de que el partido judicial ponferradino contaba con estructuras previas orientadas a la digitalización, como la implantación de la Oficina Judicial en el año 2015, el uso extendido del expediente electrónico y el canal Lexnet. El mal funcionamiento de las nuevas herramientas de gestión técnica se suma a una asignación confusa de las tareas del personal, lo que dificulta la labor de los funcionarios de las oficinas en el reparto diario de competencias.
Existe una preocupación creciente por el riesgo de alejamiento de la actividad judicial respecto a la población del medio rural. El proceso de comarcalización ya se ha traducido en el traslado de detenidos y víctimas de violencia de género desde juzgados de la periferia hacia la capital de la provincia de León. Aunque en el Palacio de Justicia de Ponferrada se mantiene la actividad y se ejecutan refuerzos específicos, los letrados advierten de la posibilidad de que esta centralización de servicios especializados termine afectando al partido judicial del Bierzo y limite las competencias iniciales previstas para los Juzgados de Paz.
La situación del colectivo se completa con demandas laborales históricas en el ámbito de la asistencia letrada gratuita. Los profesionales que integran el turno de oficio exigen una revisión de los baremos económicos de las compensaciones, que califican de insuficientes para cubrir el servicio prestado de manera continuada a la población vulnerable. Asimismo, se mantiene el conflicto derivado de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para aquellos abogados mutualistas que sufren agravios de cotización, una votación parlamentaria que ha quedado aplazada en el Congreso de los Diputados hasta el próximo 26 de mayo.
En el Partido Judicial de Ponferrada desarrollan su actividad profesional un total de 250 abogados en ejercicio. Dentro de este censo técnico, algo más de un centenar se encuentran adscritos de forma voluntaria al turno de oficio, distribuyéndose ochenta de ellos en la cobertura de los juicios rápidos y treinta de forma específica en la asistencia en materia de violencia sobre la mujer.
