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El desarrollo del Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche en Castilla y León contará con un cambio estructural en su red de proveedores para las próximas campañas. La última resolución administrativa para la adjudicación de estos lotes determina que el suministro de manzanas y peras correrá a cargo de una empresa distribuidora con sede en la Comunidad Valenciana, mientras que el abastecimiento de los productos lácteos se ha asignado a una firma ubicada en Jaén. Esta distribución de los contratos públicos aparta de la campaña a los productores de las cooperativas agrarias y ganaderas del territorio autonómico.
La decisión administrativa ha generado un profundo rechazo entre los representantes del sector agrario y educativo, que califican la resolución de perjuicio directo para el mercado local. En las ediciones anteriores del programa, el suministro de leche estaba asignado de forma prioritaria a cooperativas de la zona como Gaza, radicada en Zamora, que funciona como un referente de empleo y fijación de población en el entorno rural. Asimismo, las comarcas productoras de fruta, con especial arraigo en el Bierzo a través de marcas de calidad reconocida como la Pera Conferencia, pierden el acceso a estos canales de distribución institucional para los escolares de la propia región.
El cambio organizativo incide de forma directa en los costes logísticos y ambientales del programa, financiado con fondos europeos de sostenibilidad. Al trasladar el origen de los alimentos a distribuidores situados a cientos de kilómetros de los centros educativos, el transporte por carretera eleva la huella de carbono de los menús escolares de manera significativa. Este factor contradice las directrices de proximidad geográfica y fomento del consumo de "kilómetro cero" que las propias instituciones promueven en los manuales de consumo responsable dentro de las aulas.
La situación ha llevado a exigir una rectificación formal de los criterios de baremación técnica a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Las organizaciones afectadas reclaman que los futuros Pliegos de Cláusulas Administrativas obliguen a valorar el arraigo territorial, la cercanía del producto y unos límites estrictos de emisiones contaminantes en el transporte. El objetivo de estas peticiones es blindar el sector primario leonés y zamorano en los concursos públicos frente a la competencia de grandes firmas logísticas foráneas.
