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Esta programación se articula a través de cuatro líneas de trabajo principales que incluyen la construcción de 24 nuevas instalaciones fijas y la adecuación de otras 42 ya operativas. Uno de los pilares de la reforma es la digitalización de 46 centros, lo que permitirá implementar sistemas de trazabilidad y control de datos para monitorizar con mayor precisión los flujos de residuos. Además, se adquirirán 83 puntos limpios móviles, diseñados específicamente para dar servicio a núcleos de población con menor densidad o mayor dispersión geográfica mediante rutas itinerantes.
La flota de puntos móviles integrará 71 unidades tipo isla que serán transportadas por 37 camiones eléctricos. Para asegurar la operatividad de estos vehículos, el plan contempla la instalación de 74 puntos de recarga. Estos equipos están preparados para gestionar fracciones de residuos que habitualmente no tienen cabida en los contenedores convencionales, como aceites usados, pilas, textiles, aparatos electrónicos y pequeños enseres domésticos peligrosos.
El despliegue de estas infraestructuras responde a la compleja estructura territorial de la región, que cuenta con más de 6.000 núcleos de población. Con las nuevas incorporaciones, se pretende elevar las tasas de reciclaje y preparación para la reutilización, que actualmente se sitúan en el 37,1%. Los objetivos marcados por la normativa europea exigen alcanzar el 55% en 2025 y reducir el depósito en vertedero al 10% para el año 2035.
Los últimos datos oficiales indican que Castilla y León genera un millón de toneladas de residuos anuales, lo que equivale a 446 kilogramos por habitante. Aunque esta cifra es inferior a la media nacional y europea, la recogida separada solo representa el 21,6% del total, un margen que el gobierno autonómico espera mejorar con esta ampliación de medios.
Esta inversión de 25 millones forma parte de un paquete económico más amplio, superior a los 100 millones de euros, destinado a la gestión de biorresiduos y a la mejora de los centros de tratamiento de residuos en provincias como Burgos, Soria y Segovia. La financiación del proyecto cuenta con la cooperación de los fondos europeos Next Generation EU.
