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El tribunal vallisoletano ha dictado una sentencia de conformidad tras el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, Rafael V.C., quien desempeñaba funciones de guardería fluvial en la provincia de Zamora. El fallo incluye la suspensión de empleo público durante un año para su cargo como técnico superior de Actividades Técnicas y Profesionales. Los delitos imputados comprenden falsedad continuada en documento oficial y negociaciones prohibidas a funcionarios, derivados de una actividad ilícita donde el trabajador utilizaba su posición orgánica para beneficio privado.
El técnico aprovechaba sistemáticamente el acceso privilegiado a la información y la documentación depositada en las oficinas del organismo de cuenca en Valladolid. A través de estos recursos y de sus contactos directos con agricultores y propietarios de fincas, intervenía en la gestión de expedientes relativos a aprovechamientos de aguas subterráneas. Por estas gestiones fraudulentas, el condenado percibió ingresos superiores a los 4.700 euros, a los que se sumaron otras cuantías económicas cuya cifra exacta no ha podido ser determinada durante la instrucción del caso.
La operativa delictiva incluía la elaboración de documentos técnicos que simulaban ser proyectos legítimos. Estos textos aparecían con firmas supuestas de ingenieros agrónomos que, en realidad, no habían participado en la redacción ni tenían conocimiento de los trámites. Una vez fabricados, estos documentos se incorporaban a los expedientes oficiales presentados ante la Confederación Hidrográfica del Duero para dar apariencia de legalidad a las solicitudes de riego o extracción.
Uno de los episodios más relevantes recogidos en la investigación detalla que el acusado llegó a redactar el escrito de alegaciones para un agricultor al que él mismo había sancionado previamente en dos ocasiones durante el año 2016. En ese mismo periodo, el técnico gestionó y facilitó a esa misma persona la concesión de una autorización para el aprovechamiento de recursos hídricos.
El proceso judicial quedó visto para sentencia tras la declaración del pasado 23 de noviembre de 2025, momento en el que el trabajador admitió la totalidad de las irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones. Con la aceptación de la pena, se cierra un procedimiento que acredita el uso de la estructura administrativa para asesorías privadas incompatibles con el servicio público.
