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La decisión técnica se produce tras detectar que la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior superó los límites de gasto establecidos por la normativa de estabilidad presupuestaria. El ajuste afecta a diversas partidas que quedan congeladas administrativamente, aunque el equipo de gobierno ha precisado que la corporación mantiene una situación de deuda cero. Este bloqueo de fondos es un requisito legal indispensable para que el Ministerio de Hacienda valide la capacidad de financiación de la entidad y permita la puesta en marcha de nuevas inversiones.
Durante la sesión, se ha subrayado que este ajuste no supone la desaparición definitiva de los fondos. En el caso de que algunas de las partidas afectadas necesiten consignación a lo largo del año, la institución prevé utilizar los remanentes de tesorería para cubrir dichas necesidades. El objetivo prioritario es agilizar la tramitación administrativa para que el Plan de Ocupabilidad y otras subvenciones provinciales no sufran retrasos en su convocatoria por la falta de los informes de sostenibilidad requeridos.
El acuerdo recibió el respaldo de todos los grupos políticos con representación en la institución provincial. Los portavoces coincidieron en la necesidad de tramitar este expediente de forma urgente para garantizar que las ayudas lleguen a los municipios de la provincia dentro de los plazos previstos en el calendario presupuestario. Pese al cumplimiento formal del ajuste, desde la corporación se ha criticado el corsé que suponen las reglas fiscales actuales para las administraciones que presentan una gestión saneada y ausencia de endeudamiento.
Con esta aprobación, la Diputación formaliza su compromiso con el Plan Económico-Financiero 2025-2026, corrigiendo el desfase contable detectado anteriormente. La declaración de no disponibilidad se mantendrá vigente hasta que se cumplan los objetivos de estabilidad y se reciba el visto bueno técnico de los servicios de intervención y fiscalización estatal.
