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La firma industrial, perteneciente al grupo British Sugar, ha optado por interrumpir la relación contractual con diversos agricultores por primera vez en la historia de este sector. Esta medida se ejecuta durante el primer periodo de contratación abierto tras la clausura de las fábricas de Miranda de Ebro, en Burgos, y La Bañeza, en León. La decisión supone una pérdida directa de las opciones de siembra para los profesionales afectados, quienes contaban con este cultivo para cumplir con las exigencias de diversificación y rotación que marca la Política Agraria Común (PAC).
El argumento esgrimido por la compañía se centra en el historial de bajos rendimientos por hectárea de los productores excluidos. Según la empresa, con los precios de mercado actuales —situados en el entorno de los 36 euros por tonelada— estos agricultores no lograrían cubrir los costes de producción. No obstante, desde el sector profesional se recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe formalizar contratos si el primer eslabón no cubre gastos, y se señala que la rentabilidad real de la mayoría de las explotaciones depende de las subvenciones vinculadas de la PAC y no solo del precio industrial.
La representación de los trabajadores del campo responsabiliza al modelo de "contrato compartido" de los bajos rendimientos registrados en las últimas campañas. En este sistema, la industria asume el asesoramiento técnico y agronómico, dejando al remolachero en una posición de ejecutor de las directrices de la propia Azucarera. Además, se denuncia que la excesiva duración de las campañas deteriora la calidad del producto que espera en las parcelas, penalizando la producción y retrasando las labores de la campaña siguiente.
Ante esta situación, se reclama una intervención inmediata de la administración autonómica para garantizar la igualdad de trato entre los agricultores de toda la región, independientemente de la distancia a las fábricas o del tamaño de la finca. El sector exige que se cumpla el compromiso de proteger a los cultivadores tras el cierre de las dos azucareras mencionadas y solicita inversiones que permitan procesar la raíz en un plazo máximo de 90 días, en línea con la operatividad de otras empresas de la competencia.
