La Guardia Civil registra las dependencias del Área de Comercio del Ayuntamiento de Soria por orden judicial

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil realizan desde primera hora de este martes un registro en las oficinas del Ayuntamiento de Soria en el marco de una investigación vinculada al Área de Comercio municipal.
CyL23 de junio de 2026RMLRML
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La intervención se desarrolla por mandato de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, plaza número 3. Los agentes policiales accedieron a la sede del consistorio de la capital soriana con el objetivo de recabar documentación técnica y soportes informáticos útiles para el esclarecimiento de los hechos objeto de la causa legal. Las actuaciones se encuadran dentro de unas diligencias judiciales declaradas reservadas, de las que no han trascendido los delitos específicos que se persiguen.

Las pesquisas principales se centran de forma exclusiva en la gestión del departamento municipal de Comercio. Debido al estado embrionario del procedimiento, las autoridades a cargo del caso no han detallado la identidad de las personas físicas que pudieran estar siendo investigadas, ni tampoco los expedientes administrativos concretos que centran la atención de los investigadores. El dispositivo policial mantiene restringido el acceso a las zonas afectadas del edificio consistorial para garantizar la correcta custodia de las pruebas recogidas.

La presencia de los efectivos de la Policía Judicial comenzó a primera hora de la mañana, coincidiendo con el inicio de la jornada laboral de los funcionarios públicos de la administración local. El mandato del juzgado instructor habilita el examen minucioso de archivos, comunicaciones institucionales y bases de datos vinculadas a los programas sectoriales desarrollados por el departamento inspeccionado.

La operación continúa abierta y bajo estricto control del juzgado soriano que dirige la causa. Se espera que los trabajos de inspección y volcado de datos informáticos se prolonguen durante varias horas antes de que la fuerza actuante remita los informes preliminares a la autoridad judicial correspondiente, que determinará los próximos pasos procesales a seguir.

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