
La Guardia Civil controla la gestión de 9 millones de kilos de explosivos en León durante el pasado año

La labor de supervisión realizada por la Comandancia de León se centró en la fiscalización integral de la actividad industrial vinculada a estas sustancias, desde su producción hasta su uso final en sectores como la minería y la obra pública. Durante el ejercicio 2025, los agentes inspeccionaron un total de 1.000 vehículos destinados al traslado de material explosivo. Como resultado de estas intervenciones terrestres y de los controles en instalaciones, se confeccionaron 563 actas de inspección para dejar constancia de la seguridad y legalidad de los procesos.
El balance anual refleja la tramitación de 14 actas de infracción dirigidas tanto al Reglamento de Explosivos como a la Ley de Seguridad Privada. Estas sanciones derivan de los controles documentales y de la verificación de los planes de seguridad en las fábricas, así como de la vigilancia sobre el personal de seguridad encargado de la custodia del material. La competencia exclusiva de la Guardia Civil en esta materia se fundamenta en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que le otorga la potestad única sobre el régimen de armas y explosivos.
Un aspecto relevante de la actividad de la unidad especial en Valencia de Don Juan es la supervisión de las Unidades Móviles de fabricación de explosivos "in situ", conocidas como MEMUs. En la actualidad, se controla la operativa de dos de estos vehículos especializados, que permiten generar el explosivo directamente en los puntos de consumo, como canteras o explotaciones mineras. Este sistema técnico reduce los riesgos asociados a la manipulación y al transporte prolongado de sustancias ya finalizadas, incrementando los estándares de seguridad industrial en el territorio.
Además del control físico, la labor administrativa incluye la emisión de guías de circulación que habilitan el transporte legal por carretera y la monitorización constante de la comercialización de explosivos industriales. La Intervención Especial centraliza la mayor parte de estas funciones en la provincia, garantizando que cada etapa del ciclo de vida del producto cuente con el respaldo normativo y técnico exigido por la legislación vigente.


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