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El uso de gafas inteligentes o "smart glasses" supone un salto tecnológico respecto a los métodos detectados hasta la fecha. Este dispositivo permitía al aspirante captar la pantalla del examen de forma natural, sin realizar movimientos sospechosos que pudieran alertar a los examinadores. La señal se enviaba en tiempo real a una persona situada fuera del aula, encargada de dictar las respuestas correctas a través de un minúsculo audífono oculto. El hallazgo se produjo durante las inspecciones rutinarias del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) junto al equipo de la DGT.
Desde comienzos de 2026, las actuaciones en las sedes de Logroño y Calahorra han permitido identificar a una veintena de implicados con edades comprendidas entre los 24 y 59 años. Los perfiles corresponden a ciudadanos de diversas nacionalidades, incluyendo España, Pakistán, Marruecos, China, Senegal, Portugal e India. Aunque muchos residían en La Rioja, otros se desplazaron desde provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Navarra, Guipúzcoa, León, Burgos y Murcia para realizar la prueba.
La investigación confirma la existencia de redes organizadas que suministran estos equipos a cambio de importantes sumas de dinero. Los aspirantes habrían abonado entre 1.300 y 2.500 euros por los sistemas de comunicación externa. Si bien el uso de teléfonos móviles ocultos y "pinganillos" sigue siendo recurrente, la incorporación de gafas de alta tecnología evidencia una profesionalización creciente en este tipo de conductas fraudulentas.
La Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial califica estas acciones como infracciones muy graves. Todos los implicados han sido declarados "no aptos" de forma inmediata y se enfrentan a sanciones económicas de 500 euros por el uso de dispositivos no autorizados. Además, se les ha impuesto una inhabilitación que les impide presentarse a cualquier prueba para la obtención o recuperación del permiso de conducir durante un plazo de seis meses. Las autoridades recalcan que estas intervenciones son vitales para evitar que conductores sin los conocimientos teóricos necesarios accedan a la vía pública, garantizando así la seguridad de todos los usuarios.
