Recurren la resolución que permite cazar y pastorear en los montes incendiados de León

La organización conservacionista ha impugnado formalmente la resolución del 3 de febrero de 2026 que permite retomar los aprovechamientos cinegéticos en las áreas de la provincia de León afectadas por los grandes incendios forestales del pasado verano. El recurso sostiene que esta medida contradice la normativa vigente, que establece una suspensión automática de la caza durante cinco años tras un incendio para permitir la regeneración del ecosistema. La entidad denuncia la falta de una evaluación ambiental preceptiva y de una acreditación técnica que justifique excepcionalmente la retirada de dicha prohibición.

La situación en los montes leoneses presenta niveles de afectación graves, con superficies arrasadas que oscilan entre el 15 y el 79 por ciento en diversos espacios protegidos de la Red Natura 2000. Zonas de alto valor ecológico como la Sierra de La Cabrera, los Montes Aquilanos y Riaño han perdido sectores esenciales de hábitat. La desaparición de la cubierta vegetal ha dejado a la fauna autóctona sin refugio ni alimento, acelerando al mismo tiempo los procesos de erosión del suelo ante la falta de protección natural.

Especies en peligro crítico de extinción, como el urogallo común, se ven especialmente comprometidas por la pérdida de bosques maduros y arandaneras. Asimismo, poblaciones vulnerables de perdiz pardilla y ruiseñor pechiazul han perdido gran parte de su área reproductora. La recuperación de los piornales de montaña, fundamentales para estos núcleos poblacionales, se estima en un periodo mínimo de nueve años, lo que hace que la presión adicional de la actividad cinegética se considere un riesgo para su supervivencia.

El texto del recurso señala también una incoherencia en la gestión administrativa de la Junta de Castilla y León. El mismo día que se autorizó la vuelta de la caza, el Servicio Territorial de Medio Ambiente aprobó otra resolución para permitir la entrada de ganado doméstico en esas mismas áreas incendiadas. Mientras que la reapertura de la caza se justifica por el presunto daño de los ungulados silvestres a la regeneración vegetal, la administración autoriza simultáneamente el pastoreo de ungulados domésticos en zonas donde reconoce riesgos de pisoteo y fragilidad del rebrote.