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El volumen de jornadas laborales perdidas por incapacidad temporal en Castilla y León ha registrado un crecimiento del 51 por ciento desde el año 2018. Según los indicadores actuales, el absentismo se sitúa en el 5,92 por ciento sobre el total de jornadas potenciales, frente al 3,93 por ciento contabilizado hace seis años. Esta tendencia ha llevado a la confederación empresarial regional a calificar la situación de inasumible para la competitividad del tejido productivo y la propia sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.
Para revertir este escenario, la patronal plantea la firma de un acuerdo autonómico para la gestión del absentismo que unifique criterios de seguimiento y prevención. Entre las medidas propuestas destaca la necesidad de otorgar a las mutuas colaboradoras mayores competencias en el diagnóstico y control de los procesos. El objetivo es asegurar que cada baja responda estrictamente a causas justificadas y agilizar las reincorporaciones laborales mediante una intervención temprana que evite el estancamiento de los expedientes.
El análisis provincial muestra una incidencia desigual en el territorio. Palencia y León encabezan la estadística con una tasa del 7,4 por ciento, una cifra que se sitúa significativamente por encima de la media autonómica y nacional. En un nivel intermedio, con porcentajes entre el 5,4 y el 6,1 por ciento, se encuentran Burgos y Valladolid, mientras que el resto de las provincias presentan indicadores de menor impacto.
Los responsables empresariales vinculan la dilatación de los plazos de las bajas a la saturación de la atención primaria y las listas de espera en el sistema público. Sostienen que los cuellos de botella en diagnósticos y tratamientos no solo perjudican al trabajador, sino que generan sobrecostes operativos y merman la productividad de las compañías. Por ello, instan a crear un sistema de información centralizado que permita detectar abusos y diseñar políticas públicas basadas en datos objetivos.
La propuesta empresarial también contempla el refuerzo de la vigilancia sobre los procesos de incapacidad temporal para evitar fraudes. La organización subraya que esta demanda de control no busca mermar derechos, sino garantizar un uso responsable de las prestaciones. En esta línea, el sector apuesta por una coordinación estrecha entre la administración pública, los agentes sociales y las mutuas para reducir la incidencia de procesos injustificados a través de la negociación colectiva.
