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La Proposición de Ley de compensación económica para personas con enfermedad celíaca se encuentra actualmente bloqueada en el Congreso de los Diputados. Pese a que la iniciativa fue tomada en consideración con el respaldo del 97 por ciento de la Cámara el pasado 21 de octubre de 2025, el texto permanece en fase de enmiendas. Las sucesivas ampliaciones de los plazos legales están retrasando la aplicación de una ayuda directa de 600 euros anuales, una medida diseñada para paliar el elevado gasto que supone la cesta de la compra para estos pacientes.
La normativa proyecta una modificación de la Ley del IRPF para establecer estas cuantías. El coste de la medida se estima en unos 60 millones de euros anuales para atender a las 100.000 personas que ya cuentan con un diagnóstico oficial en España. No obstante, dado que se calcula que el uno por ciento de la población es susceptible de padecer esta patología autoinmune, el presupuesto necesario podría ascender hasta los 300 millones de euros si se lograra identificar a la totalidad de los afectados, que podrían alcanzar las 480.000 personas.
El bloqueo administrativo se mantiene sin que se hayan facilitado razones técnicas o jurídicas que expliquen la demora. Las asociaciones representativas del colectivo denuncian que esta parálisis prolonga una situación de desigualdad económica, ya que el único tratamiento posible para esta enfermedad crónica es el seguimiento estricto de una dieta sin gluten. Los productos específicos para celíacos mantienen precios significativamente superiores a los convencionales, lo que genera un sobrecoste sostenido que debe ser asumido íntegramente por las familias.
Junto a la compensación económica, la ley contempla la creación de un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca. Esta herramienta se considera fundamental para conocer la incidencia real de la patología en España, mejorar el seguimiento clínico y optimizar los recursos sanitarios destinados a su tratamiento. La falta de este censo impide actualmente una planificación eficiente de las políticas de salud pública orientadas a este sector de la población.
El avance de la ley permitiría equiparar la situación de los pacientes españoles con la de otros países europeos donde ya existen mecanismos de ayuda. Por el momento, la tramitación parlamentaria sigue sujeta a prórrogas que impiden la llegada de los fondos a los beneficiarios, mientras los estudios técnicos siguen documentando la brecha económica que supone alimentarse sin gluten en el mercado actual.
