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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha ratificado la existencia de un fraude en el padrón municipal de Valdelugueros, gestionado bajo la responsabilidad directa de su alcalde y expresidente de la Diputación Provincial, Emilio Orejas. La resolución judicial confirma que se tramitaron inscripciones ficticias de 21 personas vinculadas al entorno del regidor, concentrándolas en dos viviendas pertenecientes al propio edil y a su padre. Esta maniobra técnica elevó el censo de forma artificial justo antes de los comicios de 2023, en un municipio donde el volumen de votos necesarios para alterar mayorías es mínimo.
El fallo judicial destaca una desproporción técnica insostenible entre la población censada y la realidad asistencial del municipio. Mientras el ayuntamiento registraba 501 habitantes, el sistema de salud solo contabilizaba 178 tarjetas sanitarias activas. Para el magistrado, el hecho de que más del 60% de los supuestos vecinos no utilice los servicios básicos locales constituye un indicio sólido de residencia inexistente. El texto incide en que el padrón no es un registro de voluntades, sino un documento administrativo que debe certificar una residencia efectiva y habitual.
La investigación ha revelado casos que evidencian el uso de la administración local para intereses ajenos al servicio público. Entre los empadronados figuraban personas con residencia fija a cientos de kilómetros, como una agente de la Guardia Civil destinada en Vitoria, o individuos que admitieron haberse inscrito únicamente para obtener beneficios en el coto de caza local. Estos movimientos demográficos instrumentales permitieron que Valdelugueros superase el umbral de los 500 habitantes, una cifra crítica para la asignación de recursos y la configuración de las mayorías en el pleno.
Esta resolución judicial contra Emilio Orejas se enmarca en un contexto de creciente fiscalización sobre las decisiones arbitrarias en los ayuntamientos de la montaña leonesa. El fallo no solo obliga a iniciar expedientes de baja para los falsos residentes, sino que reprocha explícitamente al consistorio el haber ocultado información a la oposición y haber ignorado indicios de fraude que resultaban evidentes. La gestión del censo como herramienta de control político, sumada a la opacidad administrativa, sitúa de nuevo la gestión de las instituciones de la montaña bajo el foco del control jurisdiccional por el uso de recursos públicos para fines de parte.
