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La Comisión Europea ha trasladado a Ecologistas en Acción que aprecia incoherencias en los datos genéticos empleados por la Junta para dimensionar la población de oso pardo. En ese intercambio, Bruselas señala que los resultados divulgados no son consistentes con los seguimientos realizados durante décadas sobre hembras con crías ni con análisis genéticos previos, y subraya la ausencia de publicaciones científicas o informes técnicos que avalen las cifras.
El contenido se enmarca en una queja presentada por Ecologistas en Acción en septiembre de 2025, centrada en las capturas de osos destinadas al radiomarcaje y en el modelo de gestión aplicado en la comunidad. La organización trasladó a las instituciones europeas su preocupación por los riesgos asociados a esas capturas después de la aparición de dos ejemplares muertos que habían sido previamente capturados y marcados, un episodio que elevó la tensión sobre la idoneidad de las prácticas y sus objetivos.
En la comunicación recibida por la organización ecologista en noviembre, el jefe de la Unidad de Conservación de la Naturaleza de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea hace referencia a un informe europeo sobre distribución y actualización de poblaciones de grandes carnívoros. En ese documento se recoge que en 2020 Castilla y León y Cantabria realizaron un estudio genético que informó de un total de 370 osos, con 250 en el sector occidental y 120 en las subpoblaciones orientales.
El propio informe citado por Bruselas advierte, sin embargo, de que esos resultados no resultan coherentes con los estudios de seguimiento de hembras con crías del año realizados durante los últimos 30 años, ni con los análisis genéticos anteriores. Además, remarca que no constan publicaciones científicas ni informes técnicos que respalden esas cifras más allá de una comunicación pública de la administración autonómica.
Ecologistas en Acción interpreta la respuesta europea como un respaldo a sus críticas y sostiene que el censo carece de base científica suficiente, especialmente en el sector oriental de la Cordillera Cantábrica, donde el número de hembras reproductoras no avalaría la evolución defendida por la Junta. En paralelo, el colectivo vincula la insistencia en el radiomarcaje y la lectura de los datos a una gestión que, a su juicio, dificulta la aplicación de políticas de conservación coherentes para una especie especialmente protegida.
