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El balance anual sitúa el foco en organizaciones móviles, capaces de desplazarse entre provincias y actuar de forma coordinada en viviendas. A lo largo del año, las investigaciones culminaron en el desmantelamiento de 18 grupos y en la detención de 38 integrantes, con intervenciones orientadas a frenar estructuras que operan con rapidez y aprovechan ventanas de oportunidad cortas.
La parte preventiva tuvo un peso específico. Los dispositivos de vigilancia, el análisis de movilidad y los controles selectivos permitieron detectar a 23 grupos antes de que cometieran robos. En ese marco, 48 personas quedaron identificadas y los grupos abandonaron las ciudades en las que pretendían actuar, frustrándose la actividad delictiva antes de materializarse.
En términos globales, el balance recoge una reducción de los robos con fuerza en vivienda cometidos por grupos itinerantes respecto a 2024 y, en paralelo, un incremento de más del 52% en el número de detenidos en comparación con el año anterior. El dato se vincula al refuerzo de los dispositivos de investigación, a la coordinación entre unidades y a una mejora de los tiempos de reacción ante hechos consumados.
La estrategia operativa se apoya en dos líneas que se complementan: anticipación, para cortar la actividad antes de que se produzca, e intervención rápida cuando el delito ya se ha cometido. En la práctica, esa combinación se traduce en presencia operativa, controles y seguimiento de patrones de desplazamiento, un terreno donde estos grupos buscan ventaja por su movilidad y por la rotación de zonas de actuación.
De cara a 2026, el planteamiento pasa por mantener la presión policial sobre los grupos itinerantes y sostener la tendencia de descenso en su capacidad de actuación en la comunidad, con el refuerzo de las líneas de prevención y la respuesta coordinada ante robos en vivienda.
