
La Fiscalía de León asume la investigación de la denuncia de UPL por el posible sobrecoste de los conciertos del 23 de abril
RML
UPL interpreta esta derivación como un paso para esclarecer la contratación y el importe abonado por la Junta a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, entidad vinculada a la organización y financiación de los conciertos. La formación leonesista sostiene que la investigación debe aclarar el "porqué del sobrecoste" y permitir, en su caso, depurar responsabilidades por la gestión económica de esos eventos.
La denuncia se centra en los cachés de los artistas que participaron en la programación del 23 de abril. UPL asegura que las cantidades pagadas por la institución autonómica serían superiores a las abonadas en otros municipios e incluso en "temporadas altas", lo que, a su juicio, abre la puerta a determinar si hubo irregularidades en la fijación de precios, la tramitación de contratos o los procedimientos seguidos para formalizar los pagos.
En ese marco, UPL plantea que los hechos podrían tener relevancia penal y menciona posibles delitos como prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, además de otros que pudieran desprenderse de las diligencias que practique la Fiscalía. La formación añade que su objetivo es revisar el conjunto de la contratación y conocer qué decisiones se adoptaron, con qué criterios y qué controles se aplicaron antes de autorizar el gasto.
Por el momento, todavía no ha trascendido si la Fiscalía ha abierto diligencias concretas, qué documentación se ha requerido ni el alcance temporal de la investigación. Tampoco se han detallado públicamente los importes individualizados de los cachés que se comparan con actuaciones en otros lugares, un dato relevante para cuantificar el eventual sobrecoste que denuncia UPL.
La asunción del caso por parte de la Fiscalía Provincial de León sitúa el asunto en el ámbito judicial del territorio donde se celebraron los conciertos, mientras se determina si los indicios aportados justifican nuevas actuaciones y qué responsabilidades podrían derivarse del análisis de los expedientes de contratación y pago.


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