UPL denuncia ante la Fiscalía el gasto de los conciertos del 23 de abril y pide depurar responsabilidades

La denuncia, anunciada en rueda de prensa por la dirección de UPL, centra el foco en los importes abonados mediante procedimientos negociados sin publicidad para actuaciones celebradas en varias capitales de provincia. El escrito aporta comparativas de cachés con actuaciones del mismo cartel en otros municipios españoles durante 2024, en las que se aprecian diferencias significativas. Como ejemplo, cita el contrato de una actuación en León por 177.240,39 euros frente a importes notablemente inferiores en citas próximas en el calendario; y en Ponferrada, una adjudicación de 102.564,53 euros para otro concierto cuya retribución en otras ciudades fue sensiblemente menor. La formación reclama que se expliquen las razones de estas divergencias ante el Ministerio Público. 

UPL sostiene además que la Junta desoyó un mandato parlamentario al destinar 1,3 millones de euros a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, después de que las Cortes aprobaran una Proposición No de Ley que instaba a no financiar este ente con recursos públicos. A juicio de la formación, el gasto en la fundación y en el programa de conciertos representa un uso inadecuado de fondos en un contexto de otras prioridades presupuestarias. 

La denuncia recoge también incidencias en el acceso a la documentación de los contratos. UPL afirma que solicitó en abril los expedientes íntegros y que la entrega se prorrogó en dos ocasiones, circunstancia que incorpora al relato para que la Fiscalía valore la transparencia y legalidad de la tramitación. El objetivo del partido es que el Ministerio Público requiera los contratos, analice los criterios de adjudicación y contraste los importes con precios de mercado y con las condiciones pactadas en otras administraciones. 

En paralelo, UPL insiste en la necesidad de revisar el modelo de organización y financiación de este tipo de eventos y de reforzar los controles internos para evitar sobrecostes. La formación reclama un posicionamiento de la Junta respecto a futuras ediciones, así como la publicación detallada de los contratos y pagos realizados en 2024 y 2025. Si de la investigación se derivan indicios de delito, el partido pide que se ejerciten las acciones penales y administrativas pertinentes.