BOLETIN INFORMATIVO MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
La Policía Nacional arrestó el 9 de octubre en Ponferrada a un individuo que se hacía pasar por especialista en la lucha contra el ciberbullying y acumulaba 22 órdenes de detención dictadas por distintos juzgados. El detenido captaba a familias con hijos menores víctimas de acoso escolar y les exigía pagos por supuestos servicios jurídicos, logrando más de 5.000 euros en ocho días.
Provincia06 de noviembre de 2025
SILVIA RAPOSO
La investigación comenzó en septiembre tras la denuncia de un abogado que detectó el uso de su nombre, cargo y firma en actuaciones profesionales que no había realizado. A partir de esa declaración, se constató que un varón, actuando con un perfil falso en una plataforma digital, había contactado con dos familias afectadas por acoso escolar. Les ofrecía poner fin a la situación y eliminar fotografías y vídeos personales difundidos en redes sociales mediante la intervención de un supuesto gabinete jurídico integrado por el propio denunciante y una procuradora.
Para iniciar el trámite, el investigado exigía una provisión de fondos inmediata de 395 euros. Las familias abonaron la cantidad mediante pagos instantáneos y transferencias. En días posteriores reclamó importes adicionales bajo el argumento de cubrir servicios ya prestados y gestiones necesarias, hasta superar los 5.000 euros en apenas una semana. El uso del nombre y la firma del letrado, así como la mención a la procuradora, formaba parte del esquema para dotar de apariencia de legalidad a las comunicaciones y solicitudes de dinero.
El denunciante reconoció al presunto autor al ver un reportaje televisivo en el que aparecía su imagen, lo que facilitó la identificación operativa. Con esa información, los agentes localizaron al sospechoso en Ponferrada y procedieron a su detención el 9 de octubre. En el momento del arresto estaba reclamado por 22 órdenes de detención emitidas por diferentes órganos judiciales a nivel nacional.
El detenido está acusado de un presunto delito de estafa y de reclamación judicial, y fue puesto a disposición de la autoridad judicial tras las diligencias policiales. No se ha comunicado por el momento el número total de posibles perjudicados ni el alcance económico global más allá de los pagos confirmados a las dos familias. Tampoco ha trascendido si se han recuperado cantidades abonadas ni si existen procedimientos civiles o penales adicionales en curso derivados de estos hechos.
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