Las Cortes respaldan la petición de UPL para flexibilizar las ratios en infantil en zonas rurales

La iniciativa se centra en permitir que los centros educativos rurales cuenten con maestros de infantil aunque no alcancen las ratios que exige la normativa general. UPL argumenta que la aplicación estricta de esos criterios perjudica especialmente a los pueblos, donde la baja natalidad y la despoblación reducen el número de matriculaciones. Para los leonesistas, la educación es un servicio clave en la fijación de población, y su merma tendría efectos directos en la capacidad de los municipios para atraer y mantener familias.

El caso de Ciudad Rodrigo (Salamanca) sirvió de detonante para la propuesta. El pasado verano, el AMPA del CEIP San Francisco denunció que la Junta pretendía suprimir dos plazas de infantil al no cumplirse el número mínimo de alumnos exigido, lo que habría reducido de seis a cuatro los docentes en esta etapa. La incorporación inesperada de un nuevo alumno permitió mantener la plantilla, pero la situación evidenció la fragilidad del sistema en las zonas rurales.

Durante el debate, UPL insistió en que la falta de flexibilidad genera desigualdad entre los centros rurales y los urbanos o periurbanos, donde es habitual contar con más líneas educativas. La formación pidió una discriminación positiva hacia las comarcas rurales, al considerar que los servicios educativos no deben disminuir en paralelo al descenso de la natalidad, ya que ello agravaría la despoblación.

Los leonesistas sostienen que garantizar profesorado suficiente en los pueblos no es solo una cuestión educativa, sino también social y demográfica. Subrayaron que “las familias con niños son clave para el futuro de las comarcas” y que ofrecer servicios educativos óptimos resulta imprescindible para mantener vivos los núcleos rurales.

La votación en la Comisión de Educación concluyó con la aprobación de la propuesta de UPL, que recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Popular, que se posicionó en contra. Con este acuerdo, la Cámara autonómica instará al Ejecutivo regional a adaptar los criterios de asignación de personal en infantil a las circunstancias de los centros rurales.