BOLETIN INFORMATIVO MIERCOLES 8 OCTUBRE 2025
El Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la Junta Vecinal, reclaman prisión, inhabilitación para cargo público y más de 100.000 euros por responsabilidad civil.
Provincia18 de septiembre de 2025
RML
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de Ponferrada dictó auto de apertura de juicio oral contra el anterior alcalde pedáneo de Columbrianos por Coalición por el Bierzo, Andrés Buelta, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y administración desleal.
Así lo informó hoy la actual alcaldesa pedánea, la socialista Isabel Martínez, quien explicó que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular ejercida por la Junta Vecinal de Columbrianos reclaman penas de prisión, inhabilitación para cargo público y el reintegro de más de 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil e intereses.
La actual pedánea señaló hoy que, tras años denunciando irregularidades en la gestión anterior, recopilando información y trasladando a la ciudadanía y a las instituciones las anomalías detectadas en el manejo de los fondos vecinales, el auto abierto por el Juzgado ponferradino supone “un respaldo a su labor de fiscalización y transparencia”, reconociendo “con hechos judiciales” lo que ella señaló “de manera reiterada”.
Isabel Martínez insistió hoy en que la defensa de los intereses de los vecinos de Columbrianos ha sido “la prioridad” en la gestión de la actual Junta Vecinal y afirmó que “se continuará trabajando con rigor defendiéndolos”, al tiempo que criticó las declaraciones del anterior pedáneo, Andrés Buelta, que llegó incluso a presentarse a la alcaldía de Ponferrada “poniendo como aval su supuesta buena gestión al frente de Columbrianos”, que señalaba que durante sus años en la pedanía “apenas recibía apoyo económico y que luchaba contra un sistema clientelar que dejaba a las pedanías cada vez más pobres”.
Sin embargo, Martínez apuntó que es la gestión de los recursos de la Junta Vecinal lo que ha motivado la acción de la Fiscalía y de los tribunales, que “han visto indicios suficientes de delitos de malversación y administración desleal para sentarle en el banquillo”.
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