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ASAJA considera que la Comisión ha optado por un procedimiento exprés que usurpa las competencias del Parlamento Europeo, del Consejo y de los parlamentos nacionales. Según el presidente nacional de la organización, Pedro Barato, Bruselas ha separado la parte comercial, aplicada de manera inmediata, de la parte política, que incluía obligaciones en materia climática y medioambiental. Con ello, advierte, se elimina cualquier contrapeso que pudiera equiparar las condiciones de producción entre Europa y los países del Mercosur.
El acuerdo, bloqueado durante más de 25 años, contemplaba cláusulas vinculadas al cumplimiento del Acuerdo de París, a la normativa europea contra la deforestación y al ajuste en frontera por carbono. La suspensión de estas disposiciones, recalca ASAJA, convierte el tratado en un mecanismo puramente comercial que facilita la entrada de productos de Mercosur sin exigir estándares similares a los europeos.
Barato subraya que esta situación “hace imposible competir” con modelos productivos que no están sujetos a las exigencias de sostenibilidad, bienestar animal y calidad que rigen en la Unión Europea. La organización denuncia que el campo europeo queda sacrificado en beneficio de un rédito político inmediato y que la liberalización solo favorece a terceros países.
La decisión de la Comisión se interpreta, además, como una maniobra para desviar la atención del marco transatlántico con Estados Unidos, calificado por ASAJA como un pacto desequilibrado que ha recibido críticas en parlamentos nacionales y en el propio Parlamento Europeo. El procedimiento elegido, insisten, vacía de contenido el control democrático y erosiona la legitimidad de los acuerdos internacionales.
ASAJA recuerda que esta medida se suma a otras decisiones que debilitan al sector agrario, como los recortes presupuestarios en el marco financiero comunitario, la reducción del alcance de la Política Agraria Común y las concesiones en acuerdos internacionales previos. Según la organización, la acumulación de estas medidas amenaza la viabilidad de millones de explotaciones en España y en el conjunto de la Unión Europea.
La entidad exige al Gobierno de España y a las instituciones comunitarias que frenen el procedimiento, devuelvan la capacidad de decisión a los órganos legislativos competentes y garanticen salvaguardias efectivas para proteger al campo europeo, a los consumidores y al modelo productivo basado en la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.
