La Junta retrasa de nuevo la entrega de datos sobre los conciertos del Día de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha solicitado por segunda vez una prórroga para entregar la documentación relativa a los contratos de los conciertos celebrados con motivo del Día de Castilla y León en 2025. La petición, formulada originalmente por Unión del Pueblo Leonés (UPL) hace más de dos meses en las Cortes autonómicas, sigue sin ser atendida, lo que alimenta las sospechas de los leonesistas sobre un posible sobreprecio en los cachés de los artistas contratados.

Desde mayo, la Consejería de la Presidencia, dirigida por Luis Miguel González Gago, ha pedido ampliar el plazo en dos ocasiones. La segunda solicitud, presentada en junio a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales, ha sido interpretada por UPL como una maniobra poco habitual que contribuye a dilatar la entrega de unos documentos que, consideran, deberían estar disponibles sin mayores complicaciones.

UPL asegura que algunos de los costes anunciados por la Junta “parecen inusualmente elevados”. Como ejemplo, señalan el caso de Juan Magán, por cuya actuación en León se abonaron 177.240 euros, cuando en citas recientes como la Semana Grande de Gijón o un concierto en Gandía el caché fue de 75.000 y 80.000 euros respectivamente.

Otros casos que los regionalistas consideran llamativos son los 102.564 euros pagados por Camela en Ponferrada, frente a cifras que oscilan entre los 52.000 y 65.000 euros en otras ciudades como Madrid o Salamanca. También cuestionan los 101.924 euros destinados a Rulo y La Contrabanda en Zamora, cuando en fechas próximas actuó por cantidades significativamente inferiores en Ferrol, Onda o Málaga.

La contratación de Nil Moliner en Salamanca por 66.550 euros también figura entre las actuaciones que UPL somete a escrutinio, al haber cobrado 48.400 euros en Vitoria-Gasteiz en unas fiestas patronales recientes.

En total, el conjunto de conciertos por el Día de Castilla y León supuso un desembolso de 1.304.100 euros por parte de la administración autonómica. A la espera de una respuesta definitiva, UPL mantiene su exigencia de transparencia y reclama a la Junta que aporte sin más demora la documentación completa que justifique el gasto público realizado.