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Ambas organizaciones han señalado que esta medida no sólo restringe el acceso a un servicio esencial, sino que forma parte de una estrategia más amplia de abandono de la atención personalizada. Mencionan especialmente el caso de la oficina del barrio de El Crucero, donde se ha informado erróneamente a los usuarios de que ya no disponen de caja presencial y deben desplazarse a otras oficinas del centro, algo que califican de maniobra para expulsar a los clientes de sus barrios.
La situación ya ha generado múltiples quejas y reclamaciones ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), según informan las organizaciones.
IU y Alantre han mostrado su apoyo a las víctimas de estas decisiones, que consideran una forma de ahorro a costa del bienestar de los clientes. En contraste con estas restricciones, recuerdan que el Banco Santander obtuvo beneficios récord de más de 12.500 millones de euros en 2024, superando ampliamente sus objetivos anuales.
Ante este escenario, exigen que se reviertan las medidas y se recupere el servicio de caja sin necesidad de cita previa. Además, reclaman planes de reestructuración que protejan a los usuarios más vulnerables, y proponen como solución a largo plazo una banca pública que garantice el acceso universal y equitativo a los servicios financieros.
“Ya está bien de recortes a costa del público”, concluyen, advirtiendo que si estas situaciones ocurren en una capital de provincia, el impacto en el mundo rural es aún más grave y prolongado.
