El colectivo participa en la consulta pública del Ministerio para pedir la incorporación de jóvenes al sector agrario, la diversificación de la economía o aprovechar el potencial del castellano, entre otras cuestiones.
CyL05 de marzo de 2025
RML
El colectivo Acción Castilla y León participó en la consulta pública previa a la elaboración de la nueva Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para solicitar la incentivación del desarrollo del I+D+i sostenible en los municipios del mundo rural, así como impulsar la industria del castellano como motor económico, crear unidades territoriales que favorezcan el acceso a fondos europeos, mejorar los servicios bancarios en las zonas rurales o facilitar tanto el acceso a la vivienda en el medio rural como la incorporación de jóvenes al campo.
En el proceso de consulta pública, abierto durante el mes de febrero, Acción Castilla y León sugirió, tal y como confirmó en un comunicado, líneas de actuación dirigidas a revitalizar económica y socialmente la comunidad autónoma, una de las que más acusan la despoblación, el envejecimiento, el éxodo juvenil y la falta de oportunidades de desarrollo en España.
El colectivo subraya que Castilla y León, con su “enorme potencial” en el sector educativo, debe aprovechar la enseñanza del castellano como un motor económico. La propuesta consiste en crear una marca de calidad para la enseñanza del idioma, construir residencias para estudiantes internacionales y establecer acuerdos con empresas del sector educativo, lo que convertiría a la comunidad en un “referente” en la enseñanza del castellano, lo que no solo potenciaría la economía regional, sino que también daría un valor añadido a la identidad cultural de la zona.
Acción Castilla y León señala asimismo la necesidad de revisar la clasificación territorial europea (NUTS 2), ya que el actual sistema no refleja la realidad de las regiones despobladas. Para ello, se propone una redistribución de estas unidades para que las zonas rurales puedan acceder a fondos europeos destinados específicamente a su desarrollo. Esta modificación permitiría un reparto más justo de los recursos y ofrecería a las áreas más afectadas por la despoblación las herramientas necesarias para su revitalización.
El colectivo propone la instalación de empresas tecnológicas y sostenibles en municipios de menos de 5.000 habitantes, a través de la financiación de fondos FEDER, con el objetivo de establecer una economía más sostenible y diversificada. Esto permitiría la creación de empleo en las zonas rurales y su consecuente fijación de población, además de fomentar el uso de energías renovables y la digitalización empresarial.
También se hace énfasis en la urgencia de agilizar los trámites burocráticos que afectan a la investigación y el desarrollo en la comunidad autónoma. Se propone la creación de plataformas web para la certificación de méritos de los investigadores, la revisión de los procedimientos administrativos y el establecimiento de una oficina de apoyo a investigadores, con el objetivo de facilitar el acceso a fondos y promover la colaboración entre centros de investigación y empresas.
El colectivo ha señalado la necesidad “urgente” de promover el relevo generacional en el sector agrario, pues actualmente solo un 8,6 por ciento de los agricultores en Castilla y León son menores de 40 años. Para afrontar esta problemática, se sugiere la creación de Espacios Test Agrarios, ayudas públicas para jóvenes, bancos de tierras o programas de formación y asociacionismo juvenil. Estas acciones facilitarían que los jóvenes se incorporaran a un sector clave en la comunidad autónoma, asegurando su viabilidad a largo plazo.
Acción Castilla y León manifiesta por último la necesidad de asegurar servicios bancarios en zonas rurales, incentivar la formación en banca online para los habitantes de estas áreas, implantar oficinas bancarias móviles y garantizar que el dinero en efectivo esté disponible en todos los municipios. Consideran que es esencial para la inclusión financiera de una población en su mayoría envejecida y con limitaciones de acceso a internet.
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