La Plataforma Social denuncia la pérdida de un millar de plazas públicas de residencias para mayores y exige a la Junta recuperar la cifra que asumió con la transferencia del Imserso

La Plataforma Social denunció hoy la pérdida de 975 plazas públicas de residencias para personas mayores en Castilla y León en los últimos 15 años y exigió a la Junta que recupere, al menos, la cifra que asumió con la transferencia del Imserso. Un comunicado, apuntó que, en la actualidad, la Gerencia regional de Servicios Sociales gestiona directamente 2.555 plazas de residencia para personas mayores, 975 menos que cuando fueron trasferidas por el Imserso las competencias en la materia. Añadió que la mayor pérdida de plazas de residencia pública se ha producido en los centros de Ávila, Burgos (Cortes), León (La Armunia), Palencia, mixta de Segovia y Valladolid (Parquesol).
La entidad subrayó que, “supuestamente”, el motivo del cierre de las plazas fue por la adaptación de las habitaciones para así atender a las personas en situación de gran dependencia o dependencia severa. “Van pasando los años y no se hacen las adaptaciones y, por el contrario, se mantienen las plazas vacías, a pesar de haber una gran demanda de plazas públicas”, precisó. Además, criticó la línea de privatización que impulsa el Gobierno de la Junta, ya que cinco residencias titularidad de la Gerencia pero cuya gestión está cedida a empresas privadas como las de Aranda y Villarcayo (Burgos), Santo Martino en León, Villablino y San Esteban de Gormaz (Soria). Así mismo, la Consejería de Familia cuenta con 3.735 plazas concertadas con entidades privadas, mientras la población mayor de 65 años ha crecido en los últimos 25 años en Castilla y León en más de 100.000 personas, lo que ha supuesto un incremento en la demanda de las plazas residenciales.
La Plataforma destacó que la demanda de plazas públicas sin atender queda avalada por los datos de 2023, donde, cuando 5.003 personas solicitaron el ingreso en una plaza pública y solo 1.914 obtuvieron un sitio. “No es aceptable que se queden personas sin poder acceder a una plaza de residencia pública y existan 975 plazas vacías”, sentenció.