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El abandono de esta iniciativa se produce en un contexto de movilización vecinal y rechazo ciudadano en el sur de León. No obstante, persiste la preocupación por la continuidad del proyecto de central térmica de biomasa en la misma zona, cuya viabilidad económica, funcional y ambiental también es objeto de críticas por parte de asociaciones y colectivos.
La central de biomasa proyectada contempla una potencia térmica total de 88 megavatios y prevé consumir unas 128.000 toneladas anuales de astillas forestales procedentes de chopo, pino, roble y encina. Su ubicación está prevista en las inmediaciones de Santa Olaja de la Ribera, a escasa distancia de núcleos habitados como La Lastra, Puente Castro, Trobajo del Cerecedo y Vilecha. De acuerdo con la autorización ambiental publicada el 11 de julio, la Junta podría modificar sus condiciones en cualquier momento, abriendo la posibilidad a la utilización de combustibles alternativos, como pellets derivados de residuos sólidos urbanos.
El proyecto se enmarca en el denominado Proyecto Regional, una figura de ordenación urbanística que otorga a la empresa pública SOMACYL facilidades administrativas para implantar infraestructuras al margen del planeamiento urbanístico municipal vigente. Diversos colectivos critican esta herramienta por su impacto sobre el modelo de ciudad y su potencial para alterar zonas protegidas como el Soto de Santa Olaja, calificado como suelo rústico de protección natural.
Los opositores al proyecto advierten del riesgo de que la central actúe como una planta de incineración, en un momento en el que SOMACYL mantiene conversaciones para gestionar residuos urbanos en una macroinstalación de futuro incierto en cuanto a su localización. También subrayan que el barrio perdería un espacio natural de uso público y que las obras asociadas a la red de calor implicarían afecciones prolongadas en la vía pública sin que se haya justificado la demanda actual del servicio.
El debate se mantiene abierto mientras se suceden las movilizaciones. Los colectivos vecinales llaman a mantener la presión social ante un modelo energético y urbanístico que consideran perjudicial para la ciudad.
