La Asociación Derecho a Morir Dignamente denuncia que Castilla y León es la autonomía que más tarda en resolver los procesos de solicitud de eutanasia

La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) Castilla y León denunció hoy que la Comunidad es la autonomía española que más tarda en resolver los procesos de solicitud de eutanasia, un periodo que se prolonga de media 81 días, frente a los 67 días del conjunto de Estado y muy alejada de cifras de otras regiones como los 36 días de Asturias. Según detalló el doctor y activista de DMD Fernando Sanz, ese es el periodo promedio que las instituciones, tardan en dar respuesta a una solicitud, desde que se inicia el trámite hasta la comisión del informe, un plazo que en su opinión, “en ningún caso debería alcanzar los 30 días”.
El plazo, como explicó, comienza desde que el solicitando le entrega a su médico la petición, si bien en muchas ocasiones las solicitudes ni siquiera llegan a tramitarse, no se tramitan correctamente o el facultativo se ampara en la objeción de conciencia. En este último caso, él debería ser el responsable de encontrar a un médico responsable sustituto, si bien no siempre sucede así y el procedimiento se puede prolongar durante meses, en los que ese expediente ni siquiera se contabiliza.
Ese fue el caso del padre de la burgalesa Judit González Barcina, enfermo de ELA, que solicitó la eutanasia si bien jamás se le llegó a asignar siquiera un número de expediente antes de su fallecimiento, el pasado 1 de diciembre. Como relató ella misma con voz entrecortada, ni siquiera lograron que se tramitara el formulario de solicitud de su testamento vital, en el que pidió que cuando dejara de ser él mismo, y ano quería seguir viviendo.
“Se lo comunicó personalmente a su médica especialista, que nos dijo que deberíamos hablar con el médico rural asignado, mientras la directora de la residencia donde estaba internado se vio sobre pasada por el proceso de eutanasia. El médico nunca se presentó, le llamamos bajo cita telefónica y nos dijo que era objetor e infantilizó la voluntad de mi padre. Unos días después hablamos con la especialista, no recogió el formulario y derivó el caso al equipo del HUBU, que nunca llegó a ponerse en contacto con la familia. Contactamos con la Comisión de Garantía y Evaluación de Castilla y León, que nos devolvieron la llamada un día después del fallecimiento, 24 días después de haber iniciado el proceso tras una enfermedad terminal que aproximadamente en un año se lo llevó”, relató.
Ella recordó que el reciente 1 de diciembre su padre “murió solo, algo que con voluntad política y un sistema eficiente jamás debería haber ocurrido. Debemos aprender a empatizar”, pidió antes de asegurar entre lágrimas que “todos merecemos poder morir siendo quienes somos, y no atrapados en un cuerpo que ya no refleja quienes fuimos”.
Datos confusos
Así lo expusieron en un encuentro con los medios con motivo del cuarenta aniversario de la asociación, que coincidió con la publicación por parte del Ministerio de Sanidad hoy mismo del informe de evaluación anual correspondiente a 2023 sobre la prestación de ayuda para morir en España, que desveló que el pasado año se registraron en la Comunidad 27 solicitudes, dos más que el año precedente, de las cuales se acabaron realizando en la autonomía una docena, frente a la decena de un año atrás.
Sanz lamentó el oscurantismo de unos datos que ni siquiera coinciden con los facilitados por la Consejería de Sanidad a la asociación, previa petición a través del Comisionado de Transparencia y el Procurador del Común.
“Tras la aprobación de la Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LORE), que entró en vigor el 25 de junio de 2021, las autonomías tienen obligación de publicar un informe anual sobre la prestación de ayuda para morir en su territorio. Cuatro o cinco incumplen ese mandato y no publican nada, y Castilla y León es una de ellas”, censuró Sanz, que apuntó que en la autonomía, desde la implantación de la normativa, se han producido 63 solicitudes, de las cuales han llegado a completarse 23 prestaciones de ayuda a morir, todo ello en virtud de unos datos que “no son serios” y “generan sospechas” además de una “enorme confusión”, ya que “las propias fuentes ofrecen datos que no coinciden con los que ellos mismos han facilitado en otro contexto”.
Un decreto cuestionado
En el encuentro con los medios, también se puso en tela de juicio la idoneidad del decreto aprobado por la Junta el pasado 21 de noviembre para hacer más ágiles y accesibles los trámites para registrar el testamento vital, al cual desde la asociación presentaron en su momento alegaciones que “no fueron tenidas en cuenta”.
“El proceso que se ha habilitado en Castilla y León probablemente no puede dar respuesta a las necesidades de la población. Va demasiado despacio, la Administración no se esfuerza demasiado en enseñar a la población qué es un testamento vital y para qué sirve, y la accesibilidad para registrarlo es muy mala. No es la peor de España, porque por ejemplo en Andalucía no se pueden registrar ahora mismo testamentos vitales por un problema con la aplicación, pero da la sensación de que se le da una pobre consideración a un documento que tiene un enorme interés, y eso es algo que tiene que cambiar”, afirmó.
Para la asociación, ese decreto “tiene criterios de nulidad, porque describe los posibles contenidos del testamento vital pero no incluye la eutanasia, niega información a propósito de un derecho y obstaculiza el derecho de acceso a ese derecho”. Según relató Sanz, el anterior decreto tenía como anexo un modelo de testamento vital que la Junta proponía, algo que no sucede con el actual, si bien de forma paralela se han enlazado en el portal de Sacyl “unos modelos nuevos que no están referenciados en el decreto, y por tanto no tienen la garantía de estar soportados por una ley”.
“Esos modelos sí incluyen la petición de eutanasia, pero plantean una serie de problemas, como que las condiciones que deben darse para aplicar el testamento vital han de ser corroboradas por dos médicos distintos”, algo que calificó como “inviable” en una situación crítica.
Además, consideran que “el modelo es confuso”, ya que “cuando redactas tu testamento vital hay que dejar bien claro en qué circunstancias debe aplicarse cada instrucción”, algo que en la nueva normativa “se sustituye por una colección de enfermedades y categorías diagnosticas que no vienen a cuento y que resultan difíciles de interpretar”. “No vamos a recomendar a la gente que nos consulte usar ese modelo, sino ir a un notario o que lo otorguen antes tres testigos. Es una situación bien grave”, señaló.
Por último, lamentó que el decreto no contemple por parte de la Administración quién debe validar y tramitar cada caso, puesto que “los teléfonos donde antes se pedía cita para el testamento vital ya no funcionan”. “Nos han dicho que se habilitará a voluntarios que hayan pedido esa acreditación, pero nos parece una chapuza, un proceso tremendamente frágil, que no garantiza la accesibilidad”, aseguró antes de reclamar que la gestión la realicen, como sucede en otras autonomías, categorías profesionales habilitadas para ellos, como los trabajadores sociales o las enfermeras, en lugar de que lo hagan voluntarios.