Están cofinanciadas por la Unión Europea en un 70%, mientras que la Junta aporta el 30% restante.
CyL02 de octubre de 2024
RML
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aprobó las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a empresas para fomentar la modernización de la industria agroalimentaria y de transición justa, incluidas en el Programa del Fondo de Transición Justa de España 2021-2027; y que están cofinanciadas por la UE en un 70 por ciento, mientras que la Junta aporta el 30 por ciento restante.
La ayuda máxima susceptible de ser concedida estará sujeta a diferentes límites cuantitativos. Así, si ha sido evaluado favorablemente en el criterio de compromiso de creación de empleo dirigido, la subvención a conceder no podrá superar la ratio de 80.000 euros por cada puesto de trabajo comprometido, ni el importe máximo de 4,5 millones. Si este criterio no cuenta con una evaluación favorable, la subvención a conceder no podrá superar un valor de 400.000 euros.
Atendiendo a las definiciones dadas por la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE), las intensidades de ayuda susceptibles de ser concedidas serán: cuando el solicitante tenga la condición de pequeña empresa, un 35 por ciento; cuando sea mediana, un 25 por ciento del importe máximo de la ayuda.
En aquellos casos en que la cuantía de la subvención sea superior a un millón de euros, el órgano competente para resolver sobre la concesión de subvención será la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, si bien, la competencia para resolver sobre sus posteriores modificaciones e incidencias en general se delega en la persona titular de la Dirección General.
Por otro lado, dentro de la Prioridad ‘León y Palencia’ del Programa del Fondo de Transición Justa de España 2021-2027, estas subvenciones formarán parte de las acciones de su sub prioridad ‘SP 1–Transformación ecológica de la industria, la movilidad sostenible, la economía circular y la eficiencia energética’ y se articulan en dos líneas diferenciadas que serán objeto de convocatorias independientes: la línea TPY, denominada ‘Ayudas dirigidas a empresas para fomentar la modernización de la industria agroalimentaria y la transición justa. Pymes’; y la línea TGE, denominada ‘Ayudas dirigidas a empresas para fomentar la modernización de la industria agroalimentaria y la transición justa. Grandes empresas’.
Un camión sufrió una salida de vía a las 05:20 horas en la A-6, a la altura del kilómetro 370, en sentido A Coruña, dentro del término municipal de Bembibre. El vehículo cayó por un talud de unos cinco metros y su conductor, un hombre de 59 años, resultó ileso.
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama que Adif acometa en 2026 una adecuación integral de la estación de León para corregir deficiencias que afectan a la accesibilidad y a la seguridad de los viajeros. El grupo municipal sostiene que el edificio, concebido como provisional, se ha consolidado como definitivo y no responde al volumen real de tráfico que soporta.
La Guardia Civil investiga a un hombre en una localidad de la comarca zamorana de Tierra del Vino por presunto maltrato animal tras detectar falta de cuidados en un núcleo zoológico con 19 perros. La actuación se centra en posibles incumplimientos sanitarios y administrativos que afectaban a varios animales.
Agricultores se movilizaron con sus tractores en distintos puntos de Burgos, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La protesta se desarrolló en enclaves como la zona de Aranda de Duero, Matallana de Valmadrigal, San Esteban de Gormaz, Becilla de Valderaduey, Traspinedo y Castrogonzalo, entre otros.
La pensión media en Castilla y León alcanzó a 1 de diciembre los 1.318,94 euros tras crecer un 4,5% interanual, en una cuantía muy próxima a la media nacional. En la Comunidad se contabilizaron 636.313 pensiones contributivas, un 1% más que hace un año.
Castilla y León se incorporará en el primer semestre de 2026 a la receta electrónica concertada de Muface, junto a Andalucía y la Comunidad Valenciana. La medida permitirá completar el despliegue del Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (Sirem) y extenderlo a todos los mutualistas residentes en España.
El Pleno de Boñar aprobó levantar reparos en la sesión extraordinaria urgente del 9 de diciembre con seis votos a favor y tres ausencias. La medida permite ordenar pagos pese a la advertencia técnica y sitúa el centro de gravedad en la esfera política, mientras el PP intenta fijar un relato de "desconocimiento" que vuelve a abrir una pregunta incómoda: qué control ejerció la oposición cuando tocaba.
La reunión convocada este viernes en Villamanín (León) para aclarar qué ocurrió con diez décimos del Gordo no consignados ha arrancado con unas 300 personas en el Hogar del Pensionista y con posturas enfrentadas. La Comisión de Fiestas plantea que cada papeleta premiada asuma un recorte del 6% para cubrir un agujero de cuatro millones de euros.
Villamanín afronta una crisis interna tras detectarse un desfase en la venta de participaciones del Gordo de Navidad: un bloque de papeletas premiadas no tendría décimos asociados. La incidencia afecta a 50 papeletas del número agraciado y ha dividido a los compradores entre quienes buscan una solución pactada y quienes exigen responsabilidades por una gestión que pudo ser irregular.
La comisión de fiestas de Villamanín ha comunicado a los agraciados su disposición a ceder íntegramente el premio que le corresponde del Gordo de Navidad para ayudar a cubrir el desfase generado por diez décimos no consignados. Tras una reunión de más de tres horas, se perfila un principio de acuerdo que incluye una retención del 10% por papeleta y el depósito de las cantidades en el juzgado, con un reparto posterior si no hay reclamaciones.
Cuando una persona u organización vende papeletas o participaciones de lotería sin haber adquirido los décimos que dice representar y el número resulta premiado con el máximo premio, el conflicto no queda entre el que lo vendió y el que compró. Se convierte en un asunto penal y civil que suele acabar en juzgado, con riesgo real de embargo y responsabilidad patrimonial para quienes intervinieron en la venta.