RML
A través de un comunicado del que nos hacemos eco, su presidente, Jorge Cuesta afirma que, la familia Barrul NO tiene ninguna empresa de vigilancia y seguridad legal e inscrita en el Registro General de Seguridad Privada de la Dirección Nacional de la Policía, por lo que no pueden ejercer dichas funciones, siendo estas realizadas, única y exclusivamente, por empresas de Seguridad Privada legalmente inscritas.
De la misma manera, todas las personas que prestan servicios de seguridad privada a terceros, bien clientes públicos o privados, deben tener la capacitación legal, es decir, estar habilitados como Vigilantes de Seguridad Privada, una vez superados los conocimientos teóricos y prácticos obligatorios requeridos por el Ministerio de Interior. Asimismo, prestar sus funciones uniformados, con la dotación reglamentaria, ser contratados y dados de alta por una empresa de seguridad privada legal y comunicar los servicios a la Policía Nacional con una antelación de 72 horas, adjuntando el contrato firmado con el cliente/s.
Las supuestas funciones que ejerce esta familia con completamente ilegales y contrarias a la normativa en vigor, Ley de Seguridad Privada 5/2014 y el Reglamente que la desarrolla, cometiendo infracciones muy graves que pueden suponer la incoación de un expediente sancionar por un importe de hasta 60.000 euros por parte de la Subdelegación del Gobierno.
Ante tal despropósito legal, perjuicio laboral y económico que provoca a los profesionales de la seguridad privada, nuestra asociación ha interpuesto una denuncia ante la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Madrid y la Unidad Territorial de Seguridad Privada de León para que procedan a la identificación de los autores materiales de los hechos, se les sancione según la normativa en vigor y se adopten las medidas correctoras oportunas. Esta denuncia se presenta también contra el empresario contratante y los supuestos trabajadores que ejercen dichas labores.
