La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha instado a los municipios de Castilla y León a exigir a la Administración una mayor presencia policial durante los días de fiesta en los que, según la reciente modificación de la Orden IYJ/689/2010, los establecimientos hosteleros pueden permanecer abiertos sin límite de horario.
CyL01 de agosto de 2024
RML
Al respecto, Jucil se ha referido a la necesidad de reforzar la seguridad de estas localidades en estas jornadas para garantizar la protección real y efectiva de los vecinos y de los visitantes y ha lamentado que la Junta no haya consultado con los profesionales de la seguridad la modificación de la orden que regula las horas y días en los que la hostelería puede permanecer abierta sin límites.
Jucil ha solicitado por este motivo un encuentro con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP, con el objetivo de informar de la situación actual ya que con las actuales plantillas de guardias civiles en la comunidad autónoma "apenas resulta posible ofrecer suficientes garantías de seguridad en los días con absoluta libertad de horarios para los establecimientos hosteleros".
Según Jucil, los efectivos de la Guardia Civil ha descendido de los 6.963 que se contabilizaban en 2021 a poco más de 6.400, según datos aportados el del propio director general de la Guardia Civil, Leandro Marcos, en el mes de junio pasado.
"La permanente escasez de plantillas en Castilla y León se complica por la gran extensión cuya vigilancia es competencia de los guardias civiles", ha aseverado Jucil, quien ha recordado que es la Benemérita quien tiene la responsabilidad de seguridad sobre el 99 por ciento de los municipios y localidades de la región, lo que representa dar servicio a más de 2.000 municipios.
La portavoz de Jucil, Mila Cívico, ha segurado que estas cifras "dificultan el cumplimiento de la competencia de seguridad que se reclama, haciendo imprescindible una mayor dotación de efectivos".
"Los equipos de seguridad USECIC se las ven y se las desean para cubrir en una noche todos los servicios que se les requieren desde las distintas localidades en fiestas", ha aseverado Cívico.
Un camión sufrió una salida de vía a las 05:20 horas en la A-6, a la altura del kilómetro 370, en sentido A Coruña, dentro del término municipal de Bembibre. El vehículo cayó por un talud de unos cinco metros y su conductor, un hombre de 59 años, resultó ileso.
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama que Adif acometa en 2026 una adecuación integral de la estación de León para corregir deficiencias que afectan a la accesibilidad y a la seguridad de los viajeros. El grupo municipal sostiene que el edificio, concebido como provisional, se ha consolidado como definitivo y no responde al volumen real de tráfico que soporta.
La Guardia Civil investiga a un hombre en una localidad de la comarca zamorana de Tierra del Vino por presunto maltrato animal tras detectar falta de cuidados en un núcleo zoológico con 19 perros. La actuación se centra en posibles incumplimientos sanitarios y administrativos que afectaban a varios animales.
Agricultores se movilizaron con sus tractores en distintos puntos de Burgos, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La protesta se desarrolló en enclaves como la zona de Aranda de Duero, Matallana de Valmadrigal, San Esteban de Gormaz, Becilla de Valderaduey, Traspinedo y Castrogonzalo, entre otros.
La pensión media en Castilla y León alcanzó a 1 de diciembre los 1.318,94 euros tras crecer un 4,5% interanual, en una cuantía muy próxima a la media nacional. En la Comunidad se contabilizaron 636.313 pensiones contributivas, un 1% más que hace un año.
Castilla y León se incorporará en el primer semestre de 2026 a la receta electrónica concertada de Muface, junto a Andalucía y la Comunidad Valenciana. La medida permitirá completar el despliegue del Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (Sirem) y extenderlo a todos los mutualistas residentes en España.
El Pleno de Boñar aprobó levantar reparos en la sesión extraordinaria urgente del 9 de diciembre con seis votos a favor y tres ausencias. La medida permite ordenar pagos pese a la advertencia técnica y sitúa el centro de gravedad en la esfera política, mientras el PP intenta fijar un relato de "desconocimiento" que vuelve a abrir una pregunta incómoda: qué control ejerció la oposición cuando tocaba.
La reunión convocada este viernes en Villamanín (León) para aclarar qué ocurrió con diez décimos del Gordo no consignados ha arrancado con unas 300 personas en el Hogar del Pensionista y con posturas enfrentadas. La Comisión de Fiestas plantea que cada papeleta premiada asuma un recorte del 6% para cubrir un agujero de cuatro millones de euros.
Villamanín afronta una crisis interna tras detectarse un desfase en la venta de participaciones del Gordo de Navidad: un bloque de papeletas premiadas no tendría décimos asociados. La incidencia afecta a 50 papeletas del número agraciado y ha dividido a los compradores entre quienes buscan una solución pactada y quienes exigen responsabilidades por una gestión que pudo ser irregular.
La comisión de fiestas de Villamanín ha comunicado a los agraciados su disposición a ceder íntegramente el premio que le corresponde del Gordo de Navidad para ayudar a cubrir el desfase generado por diez décimos no consignados. Tras una reunión de más de tres horas, se perfila un principio de acuerdo que incluye una retención del 10% por papeleta y el depósito de las cantidades en el juzgado, con un reparto posterior si no hay reclamaciones.
Cuando una persona u organización vende papeletas o participaciones de lotería sin haber adquirido los décimos que dice representar y el número resulta premiado con el máximo premio, el conflicto no queda entre el que lo vendió y el que compró. Se convierte en un asunto penal y civil que suele acabar en juzgado, con riesgo real de embargo y responsabilidad patrimonial para quienes intervinieron en la venta.