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El Ayuntamiento de Boñar ha abonado 174 facturas correspondientes a ejercicios anteriores que seguían pendientes de cobro. El equipo de gobierno volvió a situar el origen de este retraso en los problemas administrativos derivados de la situación de la secretaría municipal. La actual secretaria-interventora permanece de baja por enfermedad desde octubre de 2025, una circunstancia que, según la versión oficial, ha dificultado la gestión contable del consistorio. La inestabilidad en ese puesto técnico no es nueva. Se arrastra desde 2020, tras la jubilación del anterior titular, Antonio Morán. Desde entonces, el municipio ha encadenado relevos temporales, sustituciones y bajas que han condicionado la tramitación de expedientes y el ritmo de los pagos.
El último secretario incorporado para cubrir la plaza tiene su destino definitivo en la provincia de Soria, por lo que su paso por la administración de Boñar será también provisional. La alcaldía vuelve a apoyarse en esa rotación constante en la habilitación nacional para explicar los bloqueos de la gestión económica. Pero esa explicación, por repetida, no despeja las dudas. Más bien empieza a sonar a coartada. Porque mientras se insiste en señalar la inestabilidad técnica como causa principal del problema, siguen sin ofrecerse respuestas convincentes sobre la parte de responsabilidad que correspondería al propio equipo de gobierno, cuya manera de actuar ha sido descrita por distintas fuentes como presuntamente anómala, opaca y sostenida durante años sobre explicaciones vagas, desvíos de responsabilidad y una alarmante falta de claridad en la gestión.
Y ahí está precisamente el nudo de la cuestión. El pago de estas 174 facturas puede aliviar una parte del atasco con proveedores, pero no resuelve nada de lo esencial. Siguen sin aclararse los criterios que han guiado determinadas decisiones de gestión. Sigue sin explicarse de manera solvente la creativa tramitación de expedientes municipales que ha venido acumulando reparos técnicos en los últimos años. Y sigue sin abordarse con seriedad el agujero económico de aproximadamente 33.000 euros que saltó a la palestra a través de los reparos expuestos en sede plenaria por la penúltima secretaria, hoy también de baja por maternidad. La alcaldía parece haber optado por una fórmula tan simple como inquietante: pagar una parte del pasado, dar una explicación genérica y esperar que el resto caiga en el olvido. Pero el verdadero problema no desaparece porque se cambie el foco. Sigue ahí. Entero.
En el apartado de acuerdos sociales, la corporación municipal aprobó la cesión de un local a la Asociación Española Contra el Cáncer. El hecho tiene una lectura positiva para la entidad, que ha conseguido sacar adelante lo que otros intentaron durante más de un año sin éxito. Y ahí conviene detenerse. Porque no fue precisamente la falta de voluntad de terceros lo que frustró aquellos intentos anteriores, sino la reiterada pretensión de mantener la inseguridad jurídica como patrón habitual en la relación entre proveedores y la administración local de Boñar. Que ahora se haya logrado no borra el precedente. Lo subraya.
Tampoco en este punto el Ayuntamiento ha contado toda la verdad. El inmueble destinado a ese fin presenta dudas serias sobre su accesibilidad efectiva y sobre la propia legalidad que cabe exigir a un espacio público. El ascensor del edificio no ha sido dado de alta desde el momento de su inauguración. No es un detalle menor ni una simple anomalía administrativa. Es una deficiencia grave que compromete el acceso de personas con movilidad reducida y de otros colectivos vulnerables a las dependencias cedidas. Y es, además, una vulneración de la normativa aplicable ante el Departamento de Industria de la Junta de Castilla y León que, de intervenir, podría derivar de facto en la clausura del edificio público. El Ayuntamiento no ha concretado plazos para corregir esta situación porque, sencillamente, nunca ha mostrado una voluntad real de hacerlo. Ha preferido convivir con la irregularidad, instalarse en ella y normalizar una situación que no solo erosiona derechos básicos, sino que además puede desembocar en un nuevo menoscabo patrimonial para las arcas municipales, dado el coste que puede alcanzar la reparación de una máquina que ha permanecido años sin uso ni mantenimiento.
La sesión plenaria también sirvió para aprobar una bonificación del 95 por ciento en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para la ejecución de un hotel rural. El acuerdo se presenta como una medida de impulso a la inversión privada y al turismo. Nada que objetar a fomentar actividad económica. El problema aparece cuando ese discurso convive con una realidad municipal en la que los servicios se deterioran, las anomalías se cronifican, los expedientes se embarran y la gestión cotidiana transmite una sensación cada vez más nítida de dejadez, incapacidad y ausencia de rumbo.
Asimismo, durante la sesión se ratificaron acuerdos ordinarios sobre aprovechamientos y actividades municipales. El pleno volvió a estar marcado por la ausencia del portavoz del Partido Popular, Luís Alfonso Rodríguez. Su reiterada inasistencia ha dejado de ser noticia porque se ha convertido en costumbre. Lo verdaderamente llamativo ya no es que falte, sino que siga conservando un acta de concejal cuya utilidad para el municipio resulta, a estas alturas, imposible de apreciar. La pregunta ya no es dónde está. La pregunta es por qué sigue.
