El Partido Animalista PACMA se ha felicitado por la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha invalidado la normativa de Castilla y León que permitía la caza del lobo al norte del río Duero, y que es extensible a toda España.
CyL30 de julio de 2024
RML
Esta sentencia, que surge a raíz de una denuncia de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), confirma que no se puede autorizar la caza de estos animales mientras su situación en el conjunto del país sea desfavorable.
El TJUE, advierte el PACMA, ha sido claro y contundente al dictaminar que la ley regional de Castilla y León va en contra de la directiva europea para la protección de los hábitats. Esta decisión se alinea con el fallo previo del Tribunal Constitucional de 2022, que también declaró ilegal parte de la norma castellanoleonesa.
El presidente nacional de PACMA, Javier Luna, a través de un comunicado, ha agradecido el trabajo realizado por ASCEL y ha valorado que la justicia europea reafirme la necesidad de proteger al lobo, una especie que desempeña un papel crucial en el equilibrio de nuestros ecosistemas.
La sentencia del TJUE se suma a una serie de decisiones recientes que subrayan la importancia de basar cualquier gestión de fauna en datos científicos rigurosos y no en estimaciones e intereses cinegéticos.
Sin embargo, el PACMA recuerda que no es la primera vez que la Justicia "azota" a la cinegética en Castilla y León: en 2019, PACMA paralizó cautelarmente toda la caza tras lograr, con un recurso, un auto del Tribunal Superior de Justicia castellanoleonés que impugnó el reglamento de caza autonómico. La formación política argumentaba que, al igual que ocurre ahora con el lobo, este autorizaba la caza sin base científica alguna.
El Partido Animalista también ha pedido la dimisión del consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por haber realizado, explican, "una gestión lamentable del medio natural en la comunidad autónoma", anteponiendo "intereses políticos a intereses comunes para todo el conjunto de la ciudadanía".
Asimismo, la formación política medioambiental exige la asunción de responsabilidades ante la caza ilegal de 339 lobos entre 2019 y 2022 debido al "plan de aprovechamientos comarcales", que fijaba un período hábil para la caza de esta especie desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero.
Desde PACMA hacen un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que "respeten y actúen conforme a las directrices europeas", garantizando la protección efectiva del lobo y otras especies amenazadas.
San Andrés del Rabanedo ha iniciado los trabajos para modificar de forma puntual su Plan General de Ordenación Urbana con el fin de facilitar la conversión de locales sin uso en viviendas. La medida busca ampliar la oferta residencial y dar respuesta a las dificultades de acceso a vivienda que afectan al municipio.
Vecinos de Cistierna y su comarca se concentran para exigir que se mantenga un horario completo y estable de Pediatría en el centro de salud. La protesta rechaza la reducción acordada por la Gerencia de Atención Primaria de León y advierte del impacto directo en familias con menores.
La Guardia Civil investiga a un hombre en una localidad de la comarca zamorana de Tierra del Vino por presunto maltrato animal tras detectar falta de cuidados en un núcleo zoológico con 19 perros. La actuación se centra en posibles incumplimientos sanitarios y administrativos que afectaban a varios animales.
Agricultores se movilizaron con sus tractores en distintos puntos de Burgos, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La protesta se desarrolló en enclaves como la zona de Aranda de Duero, Matallana de Valmadrigal, San Esteban de Gormaz, Becilla de Valderaduey, Traspinedo y Castrogonzalo, entre otros.
La pensión media en Castilla y León alcanzó a 1 de diciembre los 1.318,94 euros tras crecer un 4,5% interanual, en una cuantía muy próxima a la media nacional. En la Comunidad se contabilizaron 636.313 pensiones contributivas, un 1% más que hace un año.
Castilla y León se incorporará en el primer semestre de 2026 a la receta electrónica concertada de Muface, junto a Andalucía y la Comunidad Valenciana. La medida permitirá completar el despliegue del Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (Sirem) y extenderlo a todos los mutualistas residentes en España.
El Pleno de Boñar aprobó levantar reparos en la sesión extraordinaria urgente del 9 de diciembre con seis votos a favor y tres ausencias. La medida permite ordenar pagos pese a la advertencia técnica y sitúa el centro de gravedad en la esfera política, mientras el PP intenta fijar un relato de "desconocimiento" que vuelve a abrir una pregunta incómoda: qué control ejerció la oposición cuando tocaba.
La comisión de fiestas de Villamanín ha citado este viernes a las 18:00 a los vecinos con participaciones del 79.432, número agraciado con el Gordo de Navidad, para explicar el registro, la verificación y el cobro del premio tras detectarse un descuadre entre papeletas vendidas y décimos disponibles.
La Comisión de Fiestas de Villamanín afronta un problema de cobro del Gordo de Navidad tras detectar que se vendieron participaciones equivalentes a diez décimos que no estaban consignados. La entidad ha convocado este viernes una reunión con los premiados para plantear una salida económica que permita cubrir un agujero de cuatro millones de euros.
La reunión convocada este viernes en Villamanín (León) para aclarar qué ocurrió con diez décimos del Gordo no consignados ha arrancado con unas 300 personas en el Hogar del Pensionista y con posturas enfrentadas. La Comisión de Fiestas plantea que cada papeleta premiada asuma un recorte del 6% para cubrir un agujero de cuatro millones de euros.
Villamanín afronta una crisis interna tras detectarse un desfase en la venta de participaciones del Gordo de Navidad: un bloque de papeletas premiadas no tendría décimos asociados. La incidencia afecta a 50 papeletas del número agraciado y ha dividido a los compradores entre quienes buscan una solución pactada y quienes exigen responsabilidades por una gestión que pudo ser irregular.