El Partido Animalista PACMA se ha felicitado por la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha invalidado la normativa de Castilla y León que permitía la caza del lobo al norte del río Duero, y que es extensible a toda España.
CyL30 de julio de 2024
RML
Esta sentencia, que surge a raíz de una denuncia de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), confirma que no se puede autorizar la caza de estos animales mientras su situación en el conjunto del país sea desfavorable.
El TJUE, advierte el PACMA, ha sido claro y contundente al dictaminar que la ley regional de Castilla y León va en contra de la directiva europea para la protección de los hábitats. Esta decisión se alinea con el fallo previo del Tribunal Constitucional de 2022, que también declaró ilegal parte de la norma castellanoleonesa.
El presidente nacional de PACMA, Javier Luna, a través de un comunicado, ha agradecido el trabajo realizado por ASCEL y ha valorado que la justicia europea reafirme la necesidad de proteger al lobo, una especie que desempeña un papel crucial en el equilibrio de nuestros ecosistemas.
La sentencia del TJUE se suma a una serie de decisiones recientes que subrayan la importancia de basar cualquier gestión de fauna en datos científicos rigurosos y no en estimaciones e intereses cinegéticos.
Sin embargo, el PACMA recuerda que no es la primera vez que la Justicia "azota" a la cinegética en Castilla y León: en 2019, PACMA paralizó cautelarmente toda la caza tras lograr, con un recurso, un auto del Tribunal Superior de Justicia castellanoleonés que impugnó el reglamento de caza autonómico. La formación política argumentaba que, al igual que ocurre ahora con el lobo, este autorizaba la caza sin base científica alguna.
El Partido Animalista también ha pedido la dimisión del consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por haber realizado, explican, "una gestión lamentable del medio natural en la comunidad autónoma", anteponiendo "intereses políticos a intereses comunes para todo el conjunto de la ciudadanía".
Asimismo, la formación política medioambiental exige la asunción de responsabilidades ante la caza ilegal de 339 lobos entre 2019 y 2022 debido al "plan de aprovechamientos comarcales", que fijaba un período hábil para la caza de esta especie desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero.
Desde PACMA hacen un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que "respeten y actúen conforme a las directrices europeas", garantizando la protección efectiva del lobo y otras especies amenazadas.
El Consejo de Gobierno de Castilla y León, reunido el 30 de diciembre de 2025, ha autorizado una subvención directa de 40.000 euros al Ayuntamiento de Cistierna para ejecutar obras de ampliación del parque público de Modino, situado en la calle Real 22. La ayuda se destina a rehabilitar el espacio y mejorar sus condiciones de uso.
UGT pondrá en marcha en enero, en colaboración con el Ayuntamiento de León, un Servicio de Tramitación Digital dirigido especialmente a colectivos vulnerables. El objetivo es ofrecer acompañamiento para gestiones cotidianas que ya se realizan por vías telemáticas y que dejan fuera a parte de la población.
a Unión del Pueblo Leonés (UPL) solicita que Castilla y León cuente con dos Jefaturas Superiores de la Policía Nacional, una para la Región Leonesa, con sede en Zamora, y otra para Castilla la Vieja. La formación justifica la propuesta por la extensión territorial de la comunidad y por la necesidad de mejorar la coordinación operativa y la prestación del servicio en un mapa administrativo amplio.
La Guardia Civil investiga a un hombre en una localidad de la comarca zamorana de Tierra del Vino por presunto maltrato animal tras detectar falta de cuidados en un núcleo zoológico con 19 perros. La actuación se centra en posibles incumplimientos sanitarios y administrativos que afectaban a varios animales.
Agricultores se movilizaron con sus tractores en distintos puntos de Burgos, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La protesta se desarrolló en enclaves como la zona de Aranda de Duero, Matallana de Valmadrigal, San Esteban de Gormaz, Becilla de Valderaduey, Traspinedo y Castrogonzalo, entre otros.
La pensión media en Castilla y León alcanzó a 1 de diciembre los 1.318,94 euros tras crecer un 4,5% interanual, en una cuantía muy próxima a la media nacional. En la Comunidad se contabilizaron 636.313 pensiones contributivas, un 1% más que hace un año.
Cuando una persona u organización vende papeletas o participaciones de lotería sin haber adquirido los décimos que dice representar y el número resulta premiado con el máximo premio, el conflicto no queda entre el que lo vendió y el que compró. Se convierte en un asunto penal y civil que suele acabar en juzgado, con riesgo real de embargo y responsabilidad patrimonial para quienes intervinieron en la venta.
El pleno extraordinario de Boñar del 9 de diciembre deja algo más que decisiones políticas genéricas: identifica expedientes concretos con graves anomalías contables y un saldo negativo de 33.805,28 euros. Las explicaciones técnicas se limitan a deslindar responsabilidades, mientras el foco se estrecha sobre quienes tenían el deber legal de control y corrección: la Alcaldía y la anterior Secretaría municipal.
La Cultural y Deportiva Leonesa celebrará este martes 30 de diciembre, desde las 11:00 horas, un entrenamiento abierto al público en el estadio Reino de León. La iniciativa permite la entrada libre por la Puerta 20 y busca reunir a la plantilla con la afición en una jornada con actividades paralelas.
Tres personas resultaron heridas este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en Requejo de la Vega, después de que dos turismos colisionaran de forma fronto-lateral y uno de los vehículos diera varias vueltas de campana. El siniestro se produjo a las 11:28 horas en las inmediaciones de la carretera Páramo, 35.
Cada campaña de lotería, muchas personas compran participaciones a asociaciones, comisiones de fiestas o colectivos cercanos con importes pequeños, como cinco o diez euros. El problema aparece cuando el número resulta premiado y se detecta que se han vendido más participaciones de las que estaban realmente respaldadas por décimos o resguardos oficiales, una situación que suele desembocar en disputas por el cobro y en pérdidas económicas para parte de los compradores.