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Aseguran que el informe de la Inspección de Hacienda que destapó el caso es “nulo de pleno derecho”.
El 41 por ciento de las ayudas las recibirán ampas ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes.
CyL21 de julio de 2024La Junta ha subvencionado con cerca de 170.000 euros las actividades desarrolladas por más de 300 Ampas y doce federaciones o confederaciones de la Comunidad, con un presupuesto que se ha incrementado un 15 por ciento, lo que permitirá realizar actuaciones para la promoción del asociacionismo, la formación de los progenitores o la realización de extraescolares, entre otros.
El Ejecutivo autonómico ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) las dos resoluciones de las convocatorias de subvenciones destinadas a la financiación de las actividades de las Ampas de la Comunidad para el curso 2023/2024, así como las ayudas para la financiación de las federaciones y confederaciones.
En el primer caso, un total de 306 de asociaciones, un cinco por ciento más que en anterior periodo lectivo, recibirán la subvención, con un presupuesto total de 119.799 euros.
El 41 por ciento de las solicitudes concedidas, es decir 136, son Ampas rurales que se sitúan en municipios de menos de 5.000 habitantes, un 14 por ciento más de las que se concedieron el pasado curso. Además, en esta convocatoria la cuantía máxima de la subvención se mantiene en 1.000 euros para cada beneficiario.
En el caso de las federaciones y las confederaciones, se han concedido 12 subvenciones, una más que el curso pasado lo que supone un incremento del ocho por ciento, según ha informado la Administración regional en un comunicado.
El crédito destinado a esta ayuda es de 49.480 euros y la cuantía individualizada por beneficiario continúa en 7.500 euros para confederaciones y 5.000 para federaciones.
Aseguran que el informe de la Inspección de Hacienda que destapó el caso es “nulo de pleno derecho”.
Las asociaciones del colectivo instan al PP a no retrasar más una norma que consideran esencial para garantizar los derechos de las personas del colectivo, especialmente en zonas rurales.
Aseguran que el informe de la Inspección de Hacienda que destapó el caso es “nulo de pleno derecho”.
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