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Ambas formaciones califican de "barbaridad" el trato dado por estas empresas a la plantilla, denunciando que "imponen" a sus trabajadores disponibilidad horaria en jornadas de 15 horas, algo que tildan de "esclavitud". Asimismo, el PCE e IU rechazan "el extremismo" en las medidas de vigilancia sobre la plantilla" y alegan que tras esta política de seguridad se "oculta" el interés de la empresa "para reducir sueldos a base de sancionar a los trabajadores".
El PCE e IU consideran que estas medidas suponen además “una grave vulneración” de los derechos de los trabajadores y que revelan la “opresión” que ejerce el sector del transporte de viajeros sobre los empleados.
Desde el PCE señalan que empresas como ALSA son "beneficiarias" de diferentes contratos públicos, por lo que señalan "la responsabilidad de las administraciones" en cuanto a "la defensa de los derechos de la clase trabajadora" y exigen medidas contra lo que consideran "empresas subvencionadas". Igualmente, ven la necesario “revisar” las adjudicaciones públicas de las que son cocesionarias ALSA y sus filiales
Por su parte la coordinadora local de IU en León, Carmen Franganillo, remarca la "negativa patronal" a la negociación con la plantilla y argumenta que este tipo de empresas se consideran impunes al "actuar como monopolios".
Finamente, ambas formaciones ofrecen a la plantilla su apoyo "en cualquier necesidad" que surja durante el desarrollo de la huelga.
