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La prisión leonesa ha registrado un incremento del 36 por ciento en su población reclusa en el último año y medio, pasando de 840 a 1.200 reclusos. Este repunte se produce en un contexto condicionado por obras continuas de mejora en las instalaciones y con dos departamentos totalmente cerrados.
La composición de la plantilla de reclusos incluye a unos 200 internos clasificados en regímenes de especial seguimiento, entre los que se encuentran integrantes de bandas latinas, personas con perfiles de radicalización islamista y reclusos vinculados a actividades ilícitas que amenazan la seguridad del recinto. La llegada continuada de reclusos con perfiles complejos en los últimos traslados ha elevado la tensión en módulos ordinarios donde se superan los 120 reclusos por departamento.
Esta saturación operativa y el reparto de espacios por huecos disponibles han derivado en un aumento constante de altercados, peleas y amenazas cotidianas hacia los trabajadores. En lo que va de año, un total de 16 empleados del centro penitenciario han sufrido agresiones físicas al intervenir en incidentes violentos dentro de la prisión.
Ante esta situación, el colectivo sindical ha remitido un escrito a la Dirección General de Ejecución Penal para exigir medidas inmediatas que alivien la sobrecarga del penal y garanticen la seguridad física tanto del personal laboral como de la propia población reclusa.
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