CyL contabiliza 62 víctimas, seis de ellas mortales, en accidentes de caza en el periodo 2007-2020

La Fundación Franz Weber reclama alejar a las personas menores de edad en la normativa sectorial.

Provincia 14 de noviembre de 2022 RML
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Cazador en un Coto EUROPA PRESS

Los accidentes de caza contabilizaron en el caso de Castilla y León en el periodo 2007-2020 un total de 62 personas damnificadas, de las que al menos seis fallecieron, 24 resultaron con lesiones graves, 32 leves y el resto no se determina, para un total de 99 incidentes.

De acuerdo con los datos de la Guardia Civil, en estos trece años se produjeron numerosos accidentes en Castilla y León, una comunidad en la media alta de incidentes.

En el conjunto del Estado español el número de víctimas mortales asciende a, al menos, 63, con la excepción de Cataluña y Euskadi, mientras que las personas heridas serían 483.

Así, la Fundación Franz Weber, a través de un comunicado recogido por Radio Montaña Leonesa, destaca que ningún deporte ni actividad al aire libre genera tal nivel de víctimas mortales, por lo que insta a las autoridades a comenzar a establecer controles adicionales a la caza.

En primer lugar, defiende la generalización de los controles de alcoholemia y cualquier otra sustancia estupefaciente a cargo de los Agentes Medioambientales, reduciendo carga de trabajo a la Guardia Civil, así como una mayor labor inspectora para renovar cualquier licencia de caza.

El Reglamento de Armas estatal data de 1993 y en el mismo se permite obtener una licencia a personas menores de edad. Desde los 14 pueden acceder a la denominada AEM, Autorización Especial para Menores, y con cualquier edad se les permite acompañar o participar como espectadores en las cacerías.

La normativa castellanoleonesa no establece medidas regulatorias adicionales, por lo que los menores participan en condiciones similares a la legislación nacional.

De forma paralela los naturalistas han insistido en alejar a cualquier menor de edad de las cacerías dado el riesgo real que existe para su integridad física y psíquica. Este planteamiento sigue las sucesivas recomendaciones que realiza el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas acerca de la exposición a la violencia por parte de menores de edad.

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