El Estatuto otorga a la Junta la competencia sobre la línea de Cercanías entre León y Guardo

A pesar de que la infraestructura nacional se halla asignada históricamente a la administración estatal, el trayecto de la antigua FEVE -denominado actualmente Renfe Cercanías León- transcurre en su totalidad por suelo autonómico, lo que permite a la Junta de Castilla y León asumir su titularidad y regulación. La legislación sectorial contempla que el Gobierno central transfiera este tipo de trazados mediante petición formal y con la correspondiente dotación económica, un procedimiento ya ejecutado en otras comunidades autónomas para sus redes tranviarias y periurbanas.

El planteamiento técnico para desbloquear la entrada del tren en la capital leonesa requiere que la administración autonómica solicite al Ministerio de Transportes el traspaso del tramo tranviario urbano de dos kilómetros. Bajo este esquema, la Junta asumiría la propiedad y el mantenimiento de la vía en la ciudad -con un coste estimado en 150.000 euros anuales-, mientras que la empresa pública Renfe mantendría la explotación comercial del servicio y la adquisición de las unidades tren-tram requeridas para la flota.

Esta fórmula replica el modelo operativo aplicado en el Trambahía de Cádiz, donde los convoyes de Renfe transitan de forma combinada por las vías estatales de Adif y por los tramos urbanos gestionados por la Junta de Andalucía. La incorporación de estos vehículos de tracción mixta permitiría restablecer el acceso directo al casco urbano leonés y sustituir los automotores actuales por unidades adaptadas a la normativa tranviaria. Por su parte, la Institución Provincial carece de atribuciones normativas en materia de transporte de viajeros o gestión de ferrocarriles.

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