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El caso se inició al observarse modificaciones acusadas en el comportamiento de la adolescente. La menor mostraba dinero y objetos de procedencia no justificada, sufría ausencias no autorizadas del domicilio familiar y había abandonado la actividad escolar. Las comprobaciones posteriores permitieron constatar que mantenía contacto con personas adultas a través de redes sociales y que había enviado fotografías de carácter íntimo.
El asesoramiento prestado incluyó la clarificación del marco legal aplicable a estos supuestos. La legislación establece que la tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil constituye un delito penal. Asimismo, aunque los menores de edad pueden dar su consentimiento para el tratamiento de datos personales a partir de los 14 años, la normativa ampara la intervención de los progenitores o tutores legales cuando se detecte una situación de riesgo para la integridad de la persona tutelada.
Las pautas de actuación facilitadas contemplan evitar el reproche hacia la menor, buscar asistencia especializada si fuera preciso y entablar vías de diálogo para fijar normas consensuadas sobre el uso de la red. La orientación incluye concienciar sobre los peligros del intercambio de contenido íntimo y la posible comisión de infracciones promovidas por adultos.
Entre las recomendaciones técnicas impartidas figuran la recopilación de evidencias, el bloqueo de usuarios desconocidos, la revisión de aplicaciones instaladas en los dispositivos y la notificación a los servicios autonómicos de protección de menores, además de valorar la interposición de una denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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